La fiscal de Boulogne María Paula Hertrig, quien se apartó de una investigación luego de descubrir que integrantes de una banda planeaban asesinarla, sostuvo que la existencia de teléfonos celulares en manos de detenidos facilita la organización de delitos desde las unidades penitenciarias.
“Hay que hacer algo para que en las cárceles no tengan acceso a los teléfonos celulares”, planteó Hertrig en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. La funcionaria dijo que esos dispositivos no se usan únicamente para que los internos mantengan contacto con sus familiares.
La fiscal había iniciado una pesquisa por una entradera ocurrida en Boulogne. A partir del análisis de cámaras de seguridad, antenas de telefonía y el recorrido de los celulares robados, la investigación llegó hasta un estacionamiento de Tigre vinculado con uno de los sospechosos.
Un archivo en una computadora reveló la operatoria de la banda
Hertrig relató que el allanamiento al estacionamiento tenía como objetivo inicial obtener registros de video y determinar si allí había sido ocultado o modificado el vehículo utilizado durante el robo. Sin embargo, el análisis de una computadora permitió hallar una carpeta que contenía una copia de seguridad de un teléfono celular.
De acuerdo con la fiscal, ese material reunía mensajes, audios y fotografías que permitieron reconstruir la modalidad de una organización acusada de cometer entraderas y robos desde 2021. La pesquisa identificó comunicaciones entre un hombre que permanecía en libertad y otros que estaban detenidos.
El avance de esa causa derivó en la detención de integrantes de la banda. Entre los elementos secuestrados, la fiscalía encontró luego información que la involucraba directamente: fotografías de la fachada de su vivienda, los números telefónicos de ella, su padre y su pareja, y referencias a sus vehículos.
Hertrig explicó que se apartó para preservar la objetividad
La fiscal explicó que, ante el hallazgo de esas comunicaciones, presentó una denuncia y dejó la investigación principal en manos de otro funcionario. La causa que la tiene como víctima quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.
“Como fiscal, la ley marca que tengo deber de actuar con objetividad”, afirmó. Por ese motivo, señaló que no podía continuar al frente de un expediente en el que aparecía como potencial blanco de los investigados.
Según detalló, los sospechosos discutían la posibilidad de simular que ella formaba parte de la organización y de impulsar una acusación falsa en su contra. En esos intercambios también surgieron referencias a enviarle una corona fúnebre y a atacarla cuando saliera de su casa.
El antecedente fue informado por Infobae (“No aguantó la presión”: la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo). La causa se originó en mensajes hallados en un teléfono secuestrado durante la investigación por robos y asociación ilícita.
La investigación detectó teléfonos dentro de unidades penitenciarias
Hertrig indicó que, durante los procedimientos realizados tanto en la vía pública como en cárceles, fueron encontrados celulares en poder de detenidos. Añadió que la investigación encabezada por Ferrari también secuestró dispositivos durante nuevos allanamientos.
“Creo que al día de hoy, en esta conversación, ellos de nuevo tienen celular”, advirtió la fiscal al referirse a los acusados.
La funcionaria remarcó que las amenazas le generan preocupación principalmente por el impacto sobre su entorno familiar. “Es una consecuencia directa del trabajo que yo realizo a diario”, sostuvo, y afirmó que su oficina continuará con las investigaciones hasta agotar las medidas disponibles.
La causa principal, que comenzó con una entradera sin autores identificados, fue elevada a juicio, según señaló Hertrig.
