El Ministerio de Hacienda ha afeado que la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Ley de Estatuto Marco no estime su incidencia en costes de personal, y es que considera que "no pueden aceptarse" las "justificaciones" para no realizar el estudio al respecto.
"El texto no recoge ningún análisis sobre la incidencia en costes de personal, aduciendo, en unos casos, la imposibilidad de hacer una estimación, dada la variedad de situaciones de partida y de esquemas retributivos existentes en los servicios de salud de las comunidades autónomas y, en otros casos, alegando que la valoración de costes se formulará en el desarrollo de la Ley", expone el informe.
El documento de Hacienda, así como los remitidos por otros Ministerios y organismos, se adjunta a la Memoria y el texto de la norma facilitados por el Ministerio de Sanidad, en los que asegura el departamento liderado por Mónica García que "no persigue obtener un efecto económico directo, sino mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), con un impacto económico solo indirecto vía salud poblacional".
"No se prevén efectos sobre precios, productividad, competencia, unidad de mercado ni PYME, al tratarse de empleo público de forma mayoritaria", añade, al tiempo que expone que "el único efecto cuantificable relevante es el impacto presupuestario directo que se analiza en el apartado correspondiente".
INVERSIÓN DE CASI 250 MILLONES DE EUROS PREVISTA EN SU PRIMER AÑO SI SE APRUEBA LA NORMA
De cualquier forma, y reconociendo que la norma "afecta a los presupuestos de la Administración General del Estado (AGE)", así como "a los presupuestos de otras Administraciones territoriales", cifra el impacto económico para el primer año desde su aprobación en 249.568.972,08 euros, mientras que para los cinco primeros es de 1.892.518.714,1.
Ante ello, y tras destacar las "consecuencias en los gastos de personal y en la organización de los servicios de salud" que conllevará la nueva ley, Hacienda indica que se debe "cuantificar los efectos económicos" e "identificar la financiación que aportará el Estado para compensar a las comunidades autónomas en caso de incrementos de gasto y abarcar los efectos sobre los futuros ejercicios". De hecho, argumenta que "la valoración de impacto presupuestario debe realizarse individualizadamente" para cada una.
En este sentido, identifica "medidas relevantes con potencial impacto presupuestario directo en las comunidades autónomas", como las modificaciones en la jornada del personal estatutario; la regulación retributiva; el desarrollo profesional y carrera; las medidas de movilidad; los complementos, incentivos y otros conceptos retributivos, y otras obligaciones organizativas asociadas al personal.
"El cambio de clasificación profesional y del esquema de retribuciones básicas del personal estatutario es uno de los elementos más relevantes del nuevo Estatuto, que no debería aprobarse porque se aparta del sistema vigente para toda la Función Pública", agrega Hacienda, que echa en falta "una explicación detallada de las equivalencias entre el sistema actual y la nueva clasificación".
Por otra parte, expone, "no puede aceptarse la existencia de retribuciones básicas que difieran de las correspondientes al personal funcionario ya que, además de romper con uno de los pocos elementos de homogeneidad del sistema retributivo, se traduciría en un importante aumento de costes".
Otros aspectos mencionados son "una redacción poco clara" sobre la compensación económica por abuso en la temporalidad y la necesidad de eliminar la previsión de "un número adicional de plazas con cargo a posteriores ofertas de empleo público".
ECONOMÍA PIDE UNA ESTIMACIÓN EN CÁLCULOS APROXIMADOS
Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa también ha remitido un informe en relación con el Proyecto de Ley de Estatuto Marco, en el que "se reiteran las observaciones que este departamento realizó en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado 25 de mayo".
Así, y con relación a la evaluación del impacto presupuestario incluido, muestra que "se lleva a cabo un análisis de las medidas que podrán tener impacto, sin cuantificarlo", dada "la heterogeneidad de situaciones organizativas y modelos de gestión existentes". "Si no es posible su cuantificación, debería cumplirse que, pese a ello, el impacto presupuestario pueda ser asumido sin necesidad de modificaciones presupuestarias", explica.
En este caso, añade el documento, "sí es previsible la necesidad de modificaciones presupuestarias por parte de las Administraciones públicas, especialmente sobre los presupuestos de las comunidades autónomas", argumenta, para señalar, por ello, que "sería adecuado llevar a cabo dicha estimación, aunque sea mediante cálculos aproximados".
Por otro lado, el informe se refiere también a aspectos concretos, como el de la introducción de la incompatibilidad de una segunda actividad o puesto en el sector privado para cargos intermedios, lo que "carece de una justificación en la Memoria del análisis de impacto normativo en términos de interés público". No obstante, y aunque con aspectos a mejorar, valora "favorablemente" la propuesta sobre incapacidad permanente por acercarla al Estatuto de los Trabajadores.
