El elevado número de accidentes de tránsito registrados en Honduras mantiene en alerta a las autoridades del transporte, ante una cifra que ronda las 1,400 personas fallecidas en lo que va del año.
La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, reconoció la gravedad de la situación y señaló que es necesario adoptar medidas más estrictas para prevenir los siniestros viales y establecer responsabilidades más claras entre quienes participan en la prestación del servicio de transporte.
Según explicó la funcionaria, se trabaja en una serie de iniciativas de ley que serán presentadas ante la Comisión de Transporte del Congreso Nacional, con las que se busca reformar la legislación vigente y corregir vacíos que, a criterio de la institución, dificultan una actuación más efectiva frente a las irregularidades.
Uno de los principales cambios que se busca impulsar está relacionado con la responsabilidad de los propietarios de las unidades. Valenzuela consideró que no debe recaer únicamente en los conductores la responsabilidad cuando ocurre un accidente, particularmente cuando existen fallas relacionadas con las condiciones mecánicas o la situación legal de los vehículos.
La propuesta apunta a establecer una corresponsabilidad entre conductores y propietarios, de manera que los concesionarios tengan la obligación de garantizar que las unidades destinadas al transporte público cumplan con las condiciones necesarias para circular.
Acciones y responsabilidades
La comisionada explicó que durante las investigaciones y verificaciones relacionadas con accidentes recientes se identificaron casos en los que las unidades involucradas no cuentan con la documentación o legalización correspondiente.
También se encontraron situaciones en las que los conductores no poseen la licencia requerida para operar determinados vehículos, lo que representa un riesgo adicional para los usuarios y para el resto de las personas que circulan por las vías del país.
Para las autoridades, estos casos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión antes de que las unidades sean autorizadas para prestar el servicio y de garantizar que quienes las conducen cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
Otro de los puntos que el IHTT busca fortalecer es la capacitación y certificación de los conductores, especialmente de quienes manejan unidades destinadas al transporte público y vehículos de mayor tamaño.
Valenzuela recordó que el artículo 48 de la Ley de Transporte establece una serie de requisitos para los conductores de transporte público, vehículos de carga articulados y no articulados, taxis, mototaxis y transporte urbano e interurbano.
Dentro del proceso de certificación se contempla la revisión de antecedentes penales y la aplicación de pruebas toxicológicas, con el propósito de identificar el consumo de sustancias que pueda representar un riesgo durante la conducción.
Operativos y educación vial
Mientras avanzan las propuestas de reforma legal, el IHTT ya desarrolla operativos conjuntos con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para verificar las condiciones en las que operan las unidades y el cumplimiento de los requisitos por parte de los conductores.
Las acciones de supervisión buscan detectar vehículos que no cumplen con las condiciones establecidas, así como conductores que presentan irregularidades en su documentación o que no están facultados legalmente para operar determinadas unidades.
Valenzuela indicó que las reformas también pretenden fortalecer las sanciones en materia penal y establecer mayores obligaciones para los concesionarios, de modo que asuman una responsabilidad directa en el mantenimiento y las condiciones de seguridad de los vehículos.
A su criterio, la prevención de los accidentes no depende únicamente de aumentar las sanciones o realizar operativos, sino también de promover una mayor responsabilidad entre todos los actores que participan en el sistema de transporte.
