La burocracia, la percepción de inutilidad institucional y el desinterés de las autoridades mantienen paralizado el sistema de justicia en México. Durante 2025, el 93.4% de los delitos cometidos en el país no fueron denunciados o no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación, un fenómeno conocido como “cifra oculta” que retrata la profunda desconexión entre la ciudadanía y las instituciones procuradoras de justicia.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 se cometieron 33.8 millones de delitos que afectaron a 23.0 millones de personas de 18 años y más. Sin embargo, de ese volumen total, solo el 9.0% llegó a ser denunciado ante las autoridades competentes.
Al indagar en las causas del abstencionismo ciudadano al momento de sufrir un delito, el INEGI detectó que las razones atribuibles a la autoridad dominan el panorama. El 35.8% de las víctimas decidió no denunciar por considerar que acudir ante las autoridades representa una “pérdida de tiempo”, mientras que el 13.0% señaló expresamente su desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia. A esto se suman factores como trámites largos y difíciles (8.3%), la idea de que se trató de un delito de baja importancia (14.5%), la falta de pruebas (9.1%) y el miedo a la persona agresora (5.9%).
El laberinto burocrático: denunciar no garantiza justicia
Incluso en aquellos casos donde las víctimas vencen la apatía e interponen una denuncia, la respuesta institucional resulta deficiente. Del 9.0% de los delitos que sí se denunciaron, el Ministerio Público o la fiscalía estatal abrieron una carpeta de investigación en el 73.5% de las ocasiones.
Sin embargo, iniciar una investigación dista mucho de obtener justicia. Del total de carpetas abiertas, en el 38.1% de los casos “no pasó nada o no se resolvió la denuncia”, mientras que el 39.5% se mantuvo “en trámite” al momento de aplicar el levantamiento estadístico. Esto significa que el 77.6% de las denuncias presentadas quedaron en la impunidad o sin trámite concluido.
En términos concretos, la efectividad del sistema es marginal: solo en el 1.1% del total de los 33.8 millones de delitos cometidos en el país se logró un resultado favorable o positivo para la víctima denunciante.
Inseguridad latente y el costo económico de cuidarse solos
La falta de denuncias coexiste con un ambiente generalizado de temor. Entre febrero y abril de 2026, el 74.0% de la población de 18 años y más manifestó sentirse insegura en su entidad federativa debido a la delincuencia. Los estados donde la población reportó los mayores niveles de percepción de inseguridad fueron el Estado de México (90.0%), Morelos (88.7%) y Tabasco (87.6%). Por el contrario, Coahuila (27.8%), Yucatán (35.5%) y Aguascalientes (41.0%) registraron las cifras más bajas.
Esta crisis de seguridad repercute de forma directa en el bolsillo de las familias mexicanas. El INEGI estimó que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares ascendió a 267.3 mil millones de pesos durante 2025, equivalentes al 1.06% del Producto Interno Bruto (PIB).
De este monto, las familias tuvieron que destinar 91.6 mil millones de pesos (34.3% del total) a la implementación de medidas preventivas en sus viviendas, tales como cambiar o colocar cerraduras y candados (23.1%), reforzar puertas o ventanas (19.2%) y colocar rejas o bardas (12.9%), asumiendo de forma directa los costos de su propia protección ante la desconfianza en la efectividad pública.
