En Sinaloa, al menos 190 menores fueron asesinados entre septiembre de 2024 y julio de 2026, durante el periodo de violencia atribuido a la confrontación no declarada entre Los Mayos y Los Chapos. La cifra describió el entorno en el que crecen miles de estudiantes y expuso que la seguridad se volvió una condición para sostener la asistencia, el aprendizaje y el bienestar dentro de las comunidades escolares.
Nuria González Elizalde habló con Infobae México y reveló el conteo propio que llevan en Mexicanos Primero Sinaloa. Del total, 72 niñas, niños y adolescentes murieron entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, intervalo que coincidió con el ciclo escolar analizado por Mexicanos Primero Sinaloa. La organización aclaró que los homicidios no ocurrieron necesariamente en los planteles ni podían atribuirse al funcionamiento del sistema educativo sino al ámbito social de violencia que permea el estado en el conflicto que se agudiz+o desde el quiebre del Cártel de Sinaloa.
El registro se construyó con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de información pública, solicitudes de acceso a la información, documentos oficiales y el monitoreo realizado durante el ciclo escolar. La exposición del balance incluyó una referencia verbal a mayo de 2022, aunque el periodo fue presentado como parte del cierre del ciclo 2025-2026.
La cifra de menores asesinados fue incorporada para explicar las condiciones externas que rodearon a alumnos, docentes, directivos y familias. La violencia, se planteó, modificó la vida cotidiana de las comunidades, generó miedo, incertidumbre y estrés, además de interrupciones en las actividades presenciales.
La violencia volvió frágil la continuidad de las clases
El análisis educativo buscó responder qué decisiones, condiciones y acontecimientos marcaron la enseñanza en Sinaloa durante el ciclo 2025-2026. Entre los asuntos revisados estuvieron los aprendizajes, la infraestructura escolar, la formación docente y la continuidad de las clases.
Las escuelas realizaron esfuerzos para preservar las actividades académicas pese a las condiciones de inseguridad. Aun así, la continuidad educativa quedó expuesta a suspensiones, ausencias y afectaciones emocionales que rebasaron la capacidad de respuesta de alumnos y familias.
La representante de Mexicanos Primero Sinaloa sostuvo que el contexto no podía separarse de la educación porque afectaba la asistencia, la permanencia y el bienestar de quienes integraban las comunidades escolares. “Garantizar el derecho a aprender también exige condiciones de seguridad”, señaló.
La organización advirtió que los protocolos para actuar durante una balacera o una amenaza podían proteger la vida e integridad de estudiantes y personal escolar, pero no eliminaban las secuelas posteriores. Después de esos episodios permanecían el miedo, la ansiedad y el estrés entre niñas, niños y adolescentes.
Los maestros recibieron un reconocimiento por aplicar medidas de resguardo en situaciones de riesgo, como pedir a los alumnos colocarse en el piso o permanecer en zonas protegidas. La aplicación de esos mecanismos no resolvía por sí misma las necesidades emocionales que surgían después de una emergencia.
Las familias y comunidades educativas no siempre contaban con recursos para atender los efectos psicológicos de la violencia. En esa condición, los sectores con mayor vulnerabilidad fueron los menores de edad, quienes enfrentaron interrupciones escolares mientras intentaban mantener su rutina cotidiana.
El abandono escolar incluyó riesgos de reclutamiento criminal
El abandono escolar fue descrito como un fenómeno con múltiples causas. Entre ellas estuvieron el trabajo infantil, los embarazos adolescentes, la violencia y el consumo de sustancias psicotrópicas.
También se consideró que el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado debía incorporarse como una posible causa de abandono, aunque no existía un diagnóstico preciso con datos concretos sobre su dimensión. La organización vinculó ese riesgo con entornos de marginación y alta vulnerabilidad.
En la conversación se expuso que integrantes del narco podían acercarse a menores de 12, 13 o 14 años con ofrecimientos de dinero y supuestas vacaciones. Esa posibilidad fue relacionada con las carencias económicas de algunas familias y con una percepción de admiración hacia grupos criminales.
La atención propuesta para las autoridades locales y federales incluyó preservar la continuidad efectiva de las clases y recuperar el tiempo académico perdido por las suspensiones. También se pidió contar con información suficiente para dimensionar las interrupciones y sus causas.
Las medidas educativas debían acompañarse de apoyo socioemocional para estudiantes. El planteamiento señaló que la violencia afectó de manera directa los aprendizajes y la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes, por lo que la recuperación académica no podía avanzar aislada de la atención psicológica.
El 2 de septiembre, la organización presentó un micrositio sobre las suspensiones de clases en Sinaloa. La herramienta reunió un monitoreo de notas periodísticas ante la falta de información pública y verificable sobre las cancelaciones escolares.
El principal hallazgo del ciclo escolar anterior fue que las clases se suspendieron más por problemas operativos y de infraestructura que por hechos de violencia.
