Mientras la justicia en Colombia decide sobre un polémico caso de estafa en Bucaramanga que involucró la agencia Golden Vacation, dos de los tres imputados por la Fiscalía General de la Nación ya se encuentran envueltos en otro lío, pero esta vez en la ciudad de Valencia España.
Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, el nuevo caso estaría vinculado a un despacho de trámites migratorios que acumula reclamos públicos de clientes.
Mientras tanto, la Fiscalía en Colombia sacará sus últimas cartas y un juez decidirá el futuro del caso el 20 de noviembre. La solicitud se presentó en julio, semanas después de que el Juzgado 11 Penal Municipal de Bucaramanga impusiera una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ingrit Liseth Gélvez Bedoya, Johann David Cárdenas Chávez y Giancarlo Cárdenas Chávez.
El caso Golden Vacation se remonta a denuncias surgidas entre 2015 y 2017 por planes turísticos que, de acuerdo con la Fiscalía, dejaron cerca de 280 afectados y pérdidas por más de 533 millones de pesos.
Los tres procesados fueron imputados por estafa agravada y concierto para delinquir. La decisión judicial se tomó el 19 de mayo de 2026, aunque dos de los implicados ya se encontraban fuera de Colombia.
La investigación sostiene que la agencia ofrecía viajes nacionales e internacionales a través de llamadas, correos electrónicos y redes sociales. Los clientes firmaban contratos, hacían pagos y, en algunos casos, recibían comprobantes.
El conflicto aparecía cuando se acercaba la fecha de salida. Entonces, varios compradores descubrieron que no existían tiquetes emitidos ni servicios turísticos contratados a su nombre.
Entre los casos expuestos figura el de Jairo Rueda, un empleado público de Bucaramanga que pagó un viaje familiar a Cancún para seis personas. El plan incluía pasajes, alojamiento y una afiliación a la empresa.
Rueda desembolsó cerca de 10,3 millones de pesos. La familia preparó las maletas, pero no pudo salir del aeropuerto de Palonegro.
Mientras el expediente avanzaba en Colombia, Gélvez y Johann David Cárdenas aparecieron vinculados a empresas creadas en Valencia, España. El rastreo societario publicado por Cambio ubica el inicio de esas actividades en abril de 2021.
En esa fecha constituyeron Grupo IMM Cárdenas Gélvez Sociedad Limitada, con un capital de 3.000 euros. El objeto social inicial de la empresa era la promoción inmobiliaria.
Un año después crearon Gélvez Cárdenas & Asociados Sociedad Limitada, con el mismo capital social. Esta segunda compañía quedó registrada para desarrollar actividades jurídicas.
Las dos sociedades declararon como domicilio el número 85 de la calle San Vicente Mártir, aunque en oficinas distintas del mismo edificio. En esa dirección funciona además IMM Consulting.
El despacho se presenta públicamente como una firma dedicada a extranjería, residencia, arraigo, nacionalidad española, visados, reagrupación familiar, homologación de títulos y asesoría jurídica. Fotografías publicadas en su sitio web vinculan a Gélvez y Cárdenas con esa actividad.
La actividad comercial en España es diferente de la que se investigó en Golden Vacation, porque ofrece servicios jurídicos y migratorios en lugar de paquetes turísticos. Las denuncias de algunos clientes, no obstante, describen pagos anticipados, demoras en las gestiones, falta de respuesta y problemas para recuperar el dinero.
Las reseñas de IMM Consulting comenzaron a acumular reclamos desde 2024
Los señalamientos públicos contra IMM Consulting pueden rastrearse desde septiembre de 2024 en Google y Trustpilot, una plataforma de opiniones de consumidores. Las reseñas describen inconvenientes con los trámites y meses sin respuestas.
En Trustpilot, la firma registraba 19 opiniones y el 79% correspondía a una estrella. En Google, algunos usuarios mencionaron de forma directa a Liseth Gélvez o David Cárdenas en sus reclamos.
Una persona que trabajó en el despacho afirmó a Cambio que atendió llamadas de clientes que preguntaban por el estado de sus procesos o exigían devoluciones. Según esa fuente, también hubo personas que acudieron a la oficina para reclamar.
La fuente, cuya identidad fue reservada, sostuvo que consultaba el sistema interno del despacho cuando los clientes preguntaban por sus expedientes. “Ni siquiera los creaban”, aseguró sobre algunos trámites por los que, según dijo, ya se habían efectuado pagos.
De acuerdo con su versión, había clientes que entregaban dinero, pero no figuraban en la base de datos a la que tenía acceso.
La audiencia de noviembre definirá si el expediente continúa
La petición de preclusión presentada por la Fiscalía no ha sido aceptada. La audiencia prevista para el 20 de noviembre definirá si el proceso contra los tres imputados sigue adelante o si se cierra.
La solicitud representa un cambio dentro de un expediente que había tenido un avance en mayo con las imputaciones, las medidas de aseguramiento y las órdenes de captura. Hasta que exista una decisión judicial, la responsabilidad penal de los procesados no está definida.
