La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería, acusados de haber defraudado al PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que nunca fueron realizadas. Según la investigación, ambos fueron acusados de haber cobrado aproximadamente $700 millones a través de esta maniobra.
Los imputados son el cardiólogo M.G.A. y el enfermero M.A.P., quienes ya habían sido detenidos e imputados en junio pasado por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
Esa causa se había iniciado como un desprendimiento de la causa por las maniobras presuntamente defraudatorias contra PAMI que ahora fueron formalizadas en Rosario. La acusación fue presentada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la UFI-PAMI.
De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, la audiencia de formalización se realizó el 26 de agosto, donde el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fijó un plazo de investigación de seis meses, hasta el 25 de febrero de 2027.
En ese sentido, se indicó que todavía se esperan los peritajes sobre teléfonos y computadoras secuestrados. Además, el magistrado dispuso medidas de coerción consistentes en la obligación de sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por la UFI-PAMI, que advertía sobre presuntas maniobras irregulares. Según la acusación, a través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo reportó haber realizado entre octubre de 2023 y octubre de 2024 un total de 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados. Entre ellas figuraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios, conocidos como estudios Holter. Por esas prestaciones, la obra social abonó 579.943.598,88 pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico también había informado otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por un monto de 147.974.775,68 pesos. Sin embargo, ese pago no llegó a concretarse luego de que se detectaran irregularidades.
Las evidencias reunidas por el área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Soledad García, incluyeron testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el profesional.
A eso se sumó la imposibilidad material de concretar la enorme cantidad de prácticas facturadas y el cruce con bases de datos migratorias, que indicó que el cardiólogo no se encontraba en el país cuando parte de esos estudios habrían sido realizados.
Incluso, la Fiscalía sostuvo que los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de todo el país para concretar la maniobra. También señaló que en junio de 2024 compraron una vivienda y que, para esa operación, habrían presentado documentación apócrifa ante la escribana interviniente.
Según la acusación, la compra se realizó a través de una sociedad constituida por ambos, sin actividad comercial real, que habría sido utilizada como pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos.
A raíz de haberse incorporado estos elementos en el expediente, los fiscales encuadraron los hechos como defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter consumado y en grado de tentativa, además de lavado de activos.
El antecedente en Venado Tuerto
La denuncia por la presunta defraudación contra PAMI fue también el punto de partida de la investigación que derivó, en junio pasado, en la detención de los mismos acusados por parte de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto.
Tras allanamientos en domicilios de Acebal y Wheelwright, los investigadores encontraron elementos que indicaban el funcionamiento de un consultorio médico sin habilitación. Entre otros secuestros, se hallaron 243 ampollas de fentanilo utilizadas, 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y materiales para prácticas médicas.
Al formalizar esa investigación, la fiscalía de Venado Tuerto atribuyó al médico M.G.A. y al enfermero M.A.P. los delitos de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo —al primero como autor y al segundo como partícipe necesario—, además de ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores.
En ese expediente, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de ambos por 90 días.
