La fiscal porteña Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria este jueves a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de una causa por amenazas, incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón. Otros tres comunicadores oficialistas están citados mañana. Los investigan por acusar al legislador de narco y pedófilo, en una presunta campaña sostenida de agresiones, acusaciones falsas y expresiones intimidatorias vertidas en redes sociales.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Parisini y Pérez se negaron a declarar. Representados por el mismo abogado defensor, los imputados se limitaron a presentar un escrito. Tuvieron que pasar por el registro de antecedentes penales y les tomaron muestras de sus huellas dactilares.
La fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física. No puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal.
Este viernes deberá comparecer el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien tiene varias causas abiertas, una de ellas en los tribunales de Comodoro Py a partir de que propuso bombardear y esterilizar ciudadanos en el conurbano bonaerense. En agosto había acordado una donación económica a un hospital para cerrar otro expediente por discriminación a la comunidad islámica.
Sarubbi Benítez, además, denunció a la fiscal que lo investiga y pidió su recusación.
Detrás de la indagatoria de Sarubbi Benítez seguirán Pablo Sebastián Pazos, compañero del Gordo Dan en el streaming Carajo, y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei.
Consultado por Infobae, Dan respondió irónico a la citación: “Espero que no sea una persecución a los artistas”, dijo, en referencia al show que dará próximamente en el Teatro Gran Rex.
La causa
El caso se originó a partir de una denuncia efectuada por Paulón, quien además de diputado es activista y referente de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual.
Según la presentación, tras asumir su banca legislativa y manifestar su oposición política a la gestión de gobierno actual, comenzó a recibir un volumen inusual de agresiones digitales.
El punto de inflexión ocurrió a mediados de 2025, cuando las descalificaciones se trasladaron desde perfiles anónimos hacia cuentas verificadas con un alcance masivo de usuarios. El 24 de junio de ese año, Pablo Sebastián Pazos publicó en la red social “X” un mensaje que asociaba de forma directa al diputado con la pedofilia, acompañado de la frase “SIDA PARA VOS” y capturas de pantalla sobre el activismo del legislador.
Ante la falta de respuesta a una intimación por carta documento, Paulón expuso públicamente la situación en una sesión de la Cámara de Diputados el 2 de julio último.
Esa misma noche, durante la emisión del programa de streaming “La Misa”, transmitido por el canal Carajo y conducido por Daniel Parisini, los integrantes de la mesa hicieron una reacción en vivo al discurso del diputado.
En dicho espacio, según la denuncia, se reiteraron las acusaciones de pedofilia y se calificó como “abuso infantil” a las políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans en las que Paulón participó durante su gestión pública en la provincia de Santa Fe.
La fiscalía de Celsa Ramírez le dio intervención a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que a partir de una reconstrucción en redes sociales destacó cuatro publicaciones del Gordo Dan en la plataforma X:
- El 12 de enero de 2024, Parisini comentó una publicación de Paulón con la frase “Vas a correr”.
- El 10 de febrero de 2024, publicó un mensaje sugiriendo de manera pública que el diputado y la legisladora Mónica Fein poseían vínculos con el narcotráfico.
- El 27 de noviembre de 2024, aludió de forma irónica a las denuncias penales en su contra, expresando su voluntad de ir a prisión por unos días.
- El 5 de julio de 2025, emitió un comentario dirigido a una cuenta institucional de diversidad sexual donde asoció la promoción de las identidades trans con la pedofilia y el abuso infantil.
La hipótesis de la fiscal sostiene que estas expresiones no constituyeron críticas aisladas, sino un “ataque coordinado” y diseñado para generar el “escarnio público” de la víctima. La acusación señaló que los imputados utilizaron de forma deliberada estereotipos históricos de estigmatización contra los varones homosexuales, vinculando su orientación sexual con delitos graves y enfermedades de transmisión sexual.
Nicolás Márquez, por ejemplo, posteó a fines del año pasado: “La Diputada @EstebanPaulon siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.
El propio Paulón declaró ante la justicia que estas acciones le provocaron un profundo temor por su integridad física y su vida. El legislador explicó que la difusión de estos mensajes ante audiencias que superan los cientos de miles de seguidores estimula a terceras personas a cometer agresiones físicas en la vía pública, bajo la premisa de que se combate a un “ser aberrante”.
De hecho, la causa incorporó como prueba comentarios de usuarios comunes que, en respuesta a los posteos de los denunciados, reclamaban torturas y muertes contra los referentes de la comunidad LGBT.
Informes técnicos
Durante la instrucción de la causa, la fiscalía solicitó la intervención de organismos especializados para evaluar el impacto de la violencia digital en minorías sexuales. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó un dictamen técnico en el que concluyó que los imputados no reprodujeron prejuicios de forma pasiva, sino que los seleccionaron y amplificaron para construir un “blanco de hostilidad pública” debido a la actividad política del denunciante.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina aportó su perspectiva y recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de investigar y proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de ataques que buscan inhibir su participación en el debate democrático.
Asimismo, la Fundación Huésped fue admitida en el expediente bajo la figura de amicus curiae (amigo del Tribunal) para exponer sobre el daño que causan los discursos estigmatizantes vinculados al VIH y al sida en la salud pública.
