Cuba no podrá encontrar una salida a la crisis económica, social e institucional sin cambios políticos inmediatos que restablezcan el estado de derecho y abran el camino hacia un gobierno de transición percibido como legítimo, según un documento elaborado por la Universidad de Harvard.
El documento, de nombre “Informe Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba”, sostiene que la situación de la isla excede el deterioro económico. Sus autores ubican en el centro del problema la erosión de la legitimidad política, la falta de garantías para el ejercicio de derechos y la ausencia de instituciones que aseguren un equilibrio entre los poderes del Estado.
Según el informe, la administración de Miguel Díaz-Canel no pudo impedir el agravamiento de los principales indicadores nacionales. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto cubano cayó 11%, la producción agrícola se redujo 58%, el sector manufacturero retrocedió 42% y la industria azucarera sufrió una contracción que el estudio califica como una virtual desaparición.
El diagnóstico de Harvard describe un régimen con capacidades limitadas para sostener servicios educativos, sanitarios, sociales y de protección ciudadana. El informe menciona el deterioro de la red eléctrica, la escasez de combustibles, los problemas en la distribución de agua, el colapso de la recolección de residuos y la falta de insumos y personal en hospitales y escuelas.
La investigación también advierte sobre el empeoramiento de indicadores vinculados con la alimentación, la salud y las condiciones de vida. Citando datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ocho de cada diez personas en la isla dejan de consumir una de las tres comidas diarias por falta de recursos. La canasta básica, agrega, equivale a entre 10 y 15 veces el salario promedio.
El documento señala que la crisis energética se profundizó por el deterioro acumulado de las termoeléctricas y la escasez de combustible. También atribuye un impacto relevante a las sanciones aplicadas por Washington, que, según sus autores, agravaron los problemas de transporte, acceso a la salud y distribución de alimentos.
Harvard propone restablecer garantías previstas en la Constitución
El informe sostiene que la Constitución cubana de 2019 reconoce libertades de pensamiento, expresión, prensa, asociación, movimiento y el recurso de habeas corpus, aunque cuestiona que esas garantías tengan aplicación efectiva.
Los autores plantean que el sistema político de partido único y la subordinación de los tribunales a directrices políticas impiden el funcionamiento equilibrado de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Además, cuestionan normas como los Decretos Leyes 349, 370 y 35, que, de acuerdo con el estudio, deben ser derogados por su carácter represivo y por las restricciones que imponen sobre la actividad artística, la expresión pública y los contenidos difundidos en redes.
El reporte propone además eliminar sanciones administrativas y extralegales, como las impuestas a los llamados “regulados”, que pueden impedir a ciudadanos cubanos salir o regresar al país. Para el Grupo de Trabajo de Harvard, estas medidas serían pasos iniciales hacia un marco institucional basado en el estado de derecho.
Una amnistía general aparece como el primer paso de la transición
El informe identifica a una amnistía general para los presos políticos como una medida inmediata, tanto por su impacto práctico como por su valor simbólico. La propuesta contempla la liberación incondicional de las personas encarceladas por actos que, según el documento, están protegidos por los artículos 54 y 56 de la Constitución cubana.
Harvard sostiene que las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa y actuar como facilitadoras de un proceso pacífico que incluya a la sociedad civil, sectores opositores, la diáspora, la comunidad internacional y la administración estadounidense. El objetivo sería crear las condiciones para una transición con legitimidad interna.
A mediano y largo plazo, el documento plantea la necesidad de una nueva asamblea constituyente que habilite un debate nacional postergado durante décadas y establezca las bases de un sistema democrático y plural. El informe también propone reformas económicas, apoyo al sector privado, medidas de equidad, recuperación de servicios básicos y una mayor participación de la diáspora en la reconstrucción del país.
