La violencia registrada en Trujillo durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el Estado peruano para responder frente al avance de organizaciones criminales. Para José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, el episodio refleja las brechas institucionales que persisten en materia de seguridad ciudadana y que requieren una estrategia que vaya más allá de la intervención policial.
El estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, elaborado por Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero para Agenda 2026, plantea que el combate contra el crimen debe involucrar a distintas entidades públicas. Además, advierte que la inseguridad no solo genera consecuencias sociales, sino también un impacto económico significativo: los costos asociados al crimen y la violencia en países como el Perú superan el 3% del PBI.
Trujillo muestra las limitaciones de una respuesta solo policial
El caso ocurrido en la ciudad norteña evidencia, según el documento, que las organizaciones criminales cuentan con niveles de planificación que demandan una respuesta coordinada. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el operativo involucró seguimiento previo, varios vehículos y cerca de 10 participantes, características que muestran la necesidad de enfrentar estructuras delictivas y no únicamente hechos aislados.
En esa línea, Pérez Guadalupe y Nuñovero consideran necesario integrar el trabajo del Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP y sistema penitenciario, junto con instituciones como la UIF, la Contraloría y organismos reguladores. La propuesta busca que la política criminal deje de depender de acciones separadas y avance hacia una intervención conjunta del Estado.
Inteligencia y prevención, claves frente al crimen organizado
Otro de los principales planteamientos es reforzar la inteligencia criminal y la capacidad de anticipación de las autoridades. La propia Policía había recibido alertas, desde tres meses antes, sobre la preparación de un secuestro en Trujillo. El desafío, de acuerdo con el estudio, consiste en transformar esa información disponible en acciones concretas de prevención y respuesta.
El documento también plantea fortalecer las unidades especializadas, incorporar tecnologías de información y ampliar la cooperación entre instituciones nacionales y extranjeras. Asimismo, el uso de uniformes y equipamiento similares a los de unidades policiales especializadas durante el ataque representa una amenaza para la capacidad de control estatal y puede alimentar la percepción de impunidad y desconfianza en las instituciones.
Cárceles: otro punto crítico de la estrategia
El sistema penitenciario constituye otro de los frentes que el estudio considera prioritarios. Los investigadores proponen construir al menos 20 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad para 2.000 internos, aunque remarcan que ampliar la infraestructura no sería suficiente para enfrentar el problema.
La propuesta incluye inteligencia penitenciaria, bloqueo de comunicaciones, sistemas de información y mayor equipamiento. También contempla la incorporación de 1.000 agentes penitenciarios por año, como parte de una estrategia orientada a mejorar el control de los establecimientos y limitar su utilización por parte de organizaciones criminales.
La inseguridad también genera costos para la economía
El impacto de la violencia trasciende la seguridad y alcanza directamente a la actividad económica. Según la investigación, los costos del crimen en países como el Perú superan el 3% del PBI, considerando factores como el incremento del gasto en seguridad, las pérdidas de inversión y el aumento de los costos que enfrentan las empresas.
El episodio de Trujillo también expone esta conexión, debido a que el empresario atacado estaba vinculado con la actividad minera en Pataz. Para los autores, este tipo de hechos vuelve a poner sobre la mesa la relación entre economías criminales, minería ilegal y violencia, mostrando cómo la expansión del delito puede afectar tanto a la población como al entorno productivo.
Un Pacto Nacional como respuesta
El estudio cuestiona que la política de seguridad se limite al llamado “populismo punitivo”, basado principalmente en elevar penas o desplegar mayor fuerza. En lugar de medidas aisladas, plantea recuperar la capacidad del Estado para investigar, anticiparse, desarticular y sancionar de manera efectiva a las organizaciones criminales.
Como salida, Pérez Guadalupe y Nuñovero proponen un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana, liderado por el Ejecutivo y construido con los otros poderes del Estado, gobiernos locales, Ministerio Público, universidades, centros de investigación y sociedad civil. La iniciativa busca establecer una respuesta interinstitucional y sostenida, sustentada en inteligencia y coordinación, para evitar que las acciones contra el crimen dependan únicamente de reacciones posteriores a episodios de violencia.
