La bancada de Juntos por el Perú presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de que la presidenta Keiko Fujimori pueda remover al comandante general Óscar Arriola.
El proyecto plantea incorporar una causal adicional de cese basada en la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”. Esta causal se presentaría en los siguientes escenarios:
- Grave afectación de la eficacia operativa, capacidad de respuesta, integridad institucional o conducción estratégica de la Policía Nacional del Perú, cuando se encuentre debidamente acreditada mediante información objetiva y verificable.
- Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana y de los objetivos estratégicos institucionales de la Policía Nacional del Perú, debidamente acreditado mediante informe técnico sustentado del Ministerio del Interior.
- Negligencia grave en el ejercicio del cargo que genere una afectación sustancial a la seguridad ciudadana, al orden interno, a la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú o a la adecuada prestación del servicio policial.
- Actos u omisiones de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo debidamente acreditados que ocasionen una afectación grave a la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la Policía Nacional del Perú.
Actualmente, la Ley de la PNP solo contempla como causales para cesar al comandante general fallecimiento, solicitud voluntaria de pase a retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme o la comisión de un delito flagrante.
La presentación del proyecto se produce semanas después de que el ministro del Interior, César Astudillo, reconociera públicamente ante la Cámara de Diputados que el gobierno de Fujimori no tiene margen legal para relevar a Arriola antes de que concluya su período de 2 años. “Acá se procede con estricta sujeción al marco legal vigente. El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años. Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley”, afirmó el titular del Mininter en esa oportunidad.
Fujimorismo respaldó blindaje al jefe de la PNP
La ley que hoy le impide al Ejecutivo remover a Óscar Arriola fue respaldada en 2022 por los 23 congresistas de Fuerza Popular que asistieron a la sesión en que se aprobó por insistencia.
La norma en cuestión es la Ley 31570, promulgada por insistencia del Congreso el 1 de setiembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Su origen respondió a una situación concreta: Castillo nombraba y cesaba comandantes generales en cuestión de meses, lo que generaba una inestabilidad permanente en el alto mando policial. Para ponerle freno, el Congreso estableció un mandato fijo de dos años, prorrogable excepcionalmente por un año adicional, y fijó un listado taxativo de causales para el cese anticipado.
Esas causales son las que hoy el propio Astudillo calificó de “candados difíciles que se cumplan” ante la Cámara de Diputados. La ley solo permite la remoción del jefe policial en casos de fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso o la comisión de un delito flagrante. Arriola, designado en setiembre de 2025 por la entonces presidenta Dina Boluarte, no incurre en ninguno de esos supuestos.
