La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso de la República que acelere el trámite del proyecto de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo para enfrentar a la criminalidad organizada. La mandataria sostuvo que la delegación de poderes solicitada permitirá fortalecer los servicios de inteligencia, coordinar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios del país.
“Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, declaró Fujimori en entrevista con TV Perú. La solicitud llega en un contexto de creciente preocupación social por el avance de las bandas criminales, luego de que en los últimos días se reportara la presunta reaparición de organizaciones como Los Pulpos y otra agrupación identificada como La Jauría.
El Ejecutivo formalizó el pedido de facultades el viernes anterior ante el Congreso, con un plazo solicitado de 120 días. El Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD contempla 66 pedidos específicos, distribuidos principalmente entre tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias derivadas del fenómeno El Niño.
La iniciativa tuvo un primer traspié administrativo, dado que el Gobierno debió subsanar la falta de un documento formal que acreditara la aprobación del pedido por parte del Consejo de Ministros. Para resolver esa observación, el Ejecutivo remitió el 31 de agosto una copia certificada del acta correspondiente. Tras la corrección, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente con el objetivo de agilizar el debate de la propuesta.
El paquete de seguridad incluye la calificación de bandas como grupos terroristas
Uno de los puntos centrales del proyecto plantea establecer un marco legal para que las organizaciones criminales puedan ser catalogadas como organizaciones terroristas, con disposiciones específicas para su clasificación y registro. El premier Luis Galarreta explicó que esta medida busca dar a las Fuerzas Armadas mayor respaldo jurídico para actuar junto a la Policía Nacional frente al avance de la delincuencia.
Según Galarreta, la nueva calificación también facilitaría la cooperación internacional para enfrentar a estructuras criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua. El jefe del Gabinete Ministerial detalló que el paquete de facultades contempla, además, que las Fuerzas Armadas puedan ejecutar labores de control en zonas fronterizas y de vigilancia perimetral en los exteriores de los penales del país.
El proyecto suma otras dos disposiciones orientadas al fortalecimiento operativo: la unificación de las labores de inteligencia entre las distintas entidades del Estado y la incorporación de herramientas tecnológicas, como drones y sistemas de cámaras, para las comisarías. Fujimori subrayó la urgencia de este componente al señalar que el servicio de inteligencia “desde hace unos años no tienen capacidad operativa”.
La solicitud también busca acelerar la expulsión de migrantes indocumentados
El paquete de facultades incorpora una política orientada a acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados del territorio peruano. La mandataria confirmó que esta medida forma parte del conjunto de acciones planteadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, aunque no detalló el mecanismo específico que se aplicaría para agilizar los procesos de expulsión ni estableció un plazo para su eventual implementación.
Fujimori precisó que el Congreso recibió la solicitud de facultades un día antes de su visita a la región San Martín, donde reiteró el llamado al Legislativo para que evalúe la propuesta “de una manera rápida”. El pedido se enmarca en la campaña de “Vuelve el orden”, con la que la mandataria llegó a la Presidencia, en un país que registró 2.213 homicidios en 2025, además de miles de denuncias por extorsión y sicariato.
La solicitud de gobernar mediante decretos legislativos no está exenta de cuestionamientos. Algunos especialistas en seguridad advirtieron que el paquete prioriza el fortalecimiento militar por encima del policial y que medidas similares, como los cambios al sistema penitenciario o las normas sobre extorsión, ya fueron modificadas en años recientes. La discusión se da apenas a un mes del inicio del mandato de Fujimori al frente del Poder Ejecutivo.
