La AP-66 lleva dos años en obras y cobrando el peaje completo. La Fiscalía de Asturias quiere saber si eso es legal

La AP-66 se encuentra entre las autopistas de peaje más caras de España, y esto ha desembocado en las quejas de miles de conductores, sobre todo teniendo en cuenta que se sigue teniendo que abonar el importe completo cuando la autopista lleva meses con importantes restricciones y obras. En este sentido, la Fiscalía de Asturias ha abierto una investigación preliminar para determinar si es legal que la concesionaria de la autopista siga cobrando el peaje íntegro.

Esta investigación podría abrir la vía para que miles de conductores puedan reclamar el dinero que han pagado por utilizar la autopista. Aunque hay ciertos detalles que merece la pena comentar.

Obras. La AP-66, conocida como la autopista del Huerna, une Asturias con León y actualmente cobra hasta 16,20 euros por el trayecto completo, la tarifa más alta de su historia. Durante casi dos años, la ruta se ha visto afectada en gran medida por el gran desprendimiento cerca de Lena que sepultó dos carriles en noviembre de 2024, obras continuas de renovación de túneles desde el verano del año pasado y un nuevo desprendimiento de rocas en el túnel de El Negrón que cerró la carretera por completo durante casi 12 horas a finales de agosto.

Aún con todo esto, todos los conductores han tenido que pagar el importe íntegro para una vía que se supone que te debería de acortar tiempo en tu destino.

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En detalle. Tal y como contaban hace unas semanas desde El Diario, la Fiscalía Superior de Asturias abrió diligencias de investigación penal tras una denuncia presentada por Daniel Ripa, exdiputado regional de Podemos que ahora lidera la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna. Ripa presentó la denuncia el 3 de noviembre de 2025, pocas horas después de que el Tribunal Supremo dictaminara que Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9 en Galicia, había cobrado ilegalmente los peajes íntegros durante sus propias obras.

A continuación, el caso pasó por varias oficinas antes de recaer en Asturias, desde la Fiscalía General del Estado a los fiscales del Tribunal Supremo, y luego a León, que en diciembre del año pasado determinó que Asturias era la autoridad competente. El pasado mes de enero, la plataforma presentó más pruebas que documentaban retenciones de tráfico en la AP-66 reconocidas por la DGT. Desde entonces, los fiscales han solicitado dos veces documentos adicionales a Aucalsa, la concesionaria de la AP-66, a medida que ha avanzado la investigación.

El precedente. La denuncia se apoya en gran medida en la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de octubre de 2025, según apuntan desde 20 Minutos, que determinó que Audasa no podía cobrar a los conductores el peaje completo de la AP-9 durante obras que afectaban al tráfico, y ordenó a la empresa reembolsar a los usuarios afectados con intereses. El tribunal estableció en aquel momento que las concesionarias deben reducir los peajes siempre que la congestión alcance los niveles más graves (categorizados como negro, rojo o ámbar), a menos que se haya advertido claramente a los conductores con antelación.

Ripa sostiene que esto mismo se debería de aplicar a la AP-66, ya que tanto Audasa como Aucalsa pertenecen al grupo Itínere, y ambos casos implican obras que se han ido prolongando con el tiempo y que han ralentizado el tráfico sin ninguna rebaja en el precio del peaje.

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Entre líneas. Y lo de la investigación de la Fiscalía es solo uno de los frentes dentro de una batalla más amplia entre el Gobierno regional y el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. Desde el gobierno de Asturias se ha propuesto de forma independiente una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa a través de su Dirección General de Consumo, argumentando que la empresa no había informado debidamente a los conductores y cobró de forma injusta el peaje íntegro durante las obras, según contaba en su momento El País.

En respuesta, el Ministerio sostuvo que el Gobierno regional pasó por alto la normativa sobre autopistas de peaje que permite restricciones por motivos de seguridad o reparaciones urgentes, y señalando los paneles de tráfico, los avisos oficiales y los descuentos de peaje de hasta el 60 % que, según afirma, han ahorrado a los usuarios más de 132 millones de euros.

También hay otros casos en paralelo, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también está examinando si la prórroga en 2001 de la concesión de la AP-66 hasta 2050 (aprobada por el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos) fue legal. Asturias también ha presentado su propio recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Ministerio se negara a revisar la concesión, mientras que colectivos empresariales y de transporte, entre ellos FADE, y la unión de consumidores de Asturias han emprendido acciones legales por su cuenta.

Qué viene ahora. Ripa sugiere a los conductores que conserven todos los tickets y recibos del peaje, por si un fallo favorable acaba obligando a Aucalsa a reembolsar las tarifas, como justamente ocurrió con la AP-9 en Galicia. "Es una excelente noticia para quienes queremos acabar con este peaje ilegal", declaraba.

Imagen de portada | Itínere

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