Daniela tenía 21 años cuando decidió quitarse la vida. La joven había enfrentado grandes dificultades desde que confesó, en el seno de una familia católica y conservadora, que era una mujer transgénero. Antes de su suicidio, había conseguido cambiar su nombre en el Registro Civil y ser reconocida oficialmente como mujer, pero sus padres decidieron enterrarla en el panteón familiar con su necrónimo, también conocido como deadname (nombre que una persona trans recibió al nacer y que no se corresponde con su identidad de género), y fotografías suyas previas a su transición. Un juzgado de Alicante analiza ahora si estos hechos suponen un delito de odio post mortem.
El abogado Saúl Castro es quien lleva el caso, de la mano de las asociaciones Euforia Familias Trans-Aliadas y No Es Terapia, contra las mal llamadas terapias de conversión. “Nosotros lo que decimos es que se ha cercenado absolutamente el derecho a la memoria de Daniela, porque de facto se ha borrado su existencia y el nombre que ella misma se dio en vida”, defiende el letrado.
Fue una amiga cercana, Alana, quien les hizo llegar la historia de Daniela. Las dos jóvenes habían compartido piso en Madrid en el último año y recuerda a la fallecida como “una persona pasional, una mujer trans visible, preciosa y con mucho carácter”. “Mi lucha nunca fue contra la familia de Kendall”, dice, utilizando el mote por el que la conocía su círculo más cercano. “Queríamos que se diera honor a quien había sido ella y a la vida por la que había luchado tanto”, añade.
Años de lucha por su identidad de género
Daniela (o Kendall) salió del armario en el año 2011, primero como un hombre homosexual y, posteriormente, reconociéndose como una mujer trans. Sus padres, de convicción católica, le expresaron su profunda decepción y decidieron internarla en un centro psiquiátrico para que recuperase los valores cristianos con los que había sido criada.
Cuando comenzó a plantearse que podía ser una mujer, la familia la sometió a una “terapia de conversión” en el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Ruiloba, en Cantabria, “donde le sometieron a prácticas absolutamente vejatorias para convencerle de que ella era un hombre heterosexual”, relata Castro.
El maltrato y la violencia sufridos en esos años le provocaron una crisis psiquiátrica, por la que fue ingresada en un hospital en 2016. La relación con sus padres fue empeorando con el tiempo, hasta el punto de que los Servicios Sociales les retiraran la tutela legal de la entonces menor.
Daniela pasó sus últimos años antes de la mayoría de edad en un centro de menores de Santander. Sus padres le ofrecieron volver a casa en varias ocasiones, pero siempre que decidiese vivir como un hombre heterosexual, algo que nunca aceptó.
En 2019, decidió mudarse a Madrid, donde ingresó en un piso tutelado tras un intento de suicidio propiciado por una situación de acoso en redes sociales. Poco después se mudaría con Alana y empezaría a encarrilar su vida. Daniela se matriculó en un Grado Medio tras finalizar un curso de estética y consiguió trabajo en un bar de la capital, hasta que la despidieron al descubrir que era una mujer trans.
Su salud mental se fue deteriorando desde ese momento, lo que le llevó a aislarse de su círculo cercano. Entre los años 2021 y 2022, intentó retomar el contacto con sus padres para pedir ayuda. Tras un nuevo intento autolítico, la familia se citó el 16 de abril de 2022, en una propiedad a nombre de su padre en Santander. Pero ellos nunca aparecieron. Daniela se quitó la vida un día después, el 17 de abril de 2022.
Más o menos un año antes del incidente, Daniela cambió su nombre y género en el Registro Civil. “Entre sus pertenencias, después de que se hubiera suicidado, se encontró la partida de nacimiento rectificada”, afirma Castro. Pero nada de eso importó: sus padres la enterraron en el panteón familiar en Aspe (Alicante), bajo su necrónimo y con una fotografía que la mostraba como un varón.
Una batalla legal por la memoria de Daniela
La demanda de Euforia y No Es Terapia busca ahora recuperar la memoria de Daniela. “Entendemos que la conducta de los padres de Daniela y cualquier otra persona que participó en su entierro ha podido ser constitutiva de un delito de lesiones a la dignidad de personas integrantes de un colectivo protegido”, explica el letrado.
Su equipo intentó llevar el caso primero como una reclamación administrativa ante la Generalitat Valenciana, al amparo de la ley valenciana de protección de las personas trans del año 2018, pero se negaron a iniciar un procedimiento al entender que no eran competentes para aplicar dicha normativa. Después, acudieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que instó a la Generalitat a abrir un expediente, un paso que no ha dado todavía.
Finalmente, presentaron la denuncia ante el Tribunal de Instancia de Novelda (Alicante), que ha abierto un proceso penal contra los padres de la joven. Si la demanda prospera, podría marcar “un precedente en la historia de la protección de los derechos de las personas trans y del reconocimiento de la dignidad como un derecho que puede ser tutelable en vía penal, incluso estando fallecido el sujeto pasivo de los atentados contra la dignidad”, explica el letrado. Pero, sobre todo, permitiría que en la tumba de Daniela se muestre su verdadero nombre.
