La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes 25 de septiembre que la Administración de Donald Trump puede utilizar una nueva y polémica base de datos federal destinada, en teoría, a verificar la ciudadanía de los votantes para las elecciones del próximo noviembre. Los críticos sostienen que el Gobierno exagera la amenaza de votantes que no son ciudadanos —un fenómeno extremadamente raro en los comicios estadounidenses— para implementar políticas que privarían del derecho al voto a personas con probabilidades de votar por el Partido Demócrata.