La Corte Suprema de Justicia determinó que el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde 2024, siga siendo investigado en dos causas que tramitan por separado en la justicia federal argentina y en la justicia provincial de Entre Ríos. Uno de los expedientes es por presunto enriquecimiento ilícito y el otro, por presuntos sobornos.
En lo formal, el fallo del máximo tribunal rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y dispuso que, por ahora, sigan tramitándose en forma separada dichas investigaciones contra el exlegislador.
La resolución, fechada el 23 de septiembre de 2026, fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se remitió al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia.
Kueider fue arrestado en 2024, junto a su secretaria, en el puente internacional que une Argentina con Paraguay, con más de 200 mil dólares sin declarar. En Paraguay fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y se lo investiga por lavado. En la Argentina, en tanto, enfrenta dos causas que ahora la Corte determinó que sigan su curso.
Las causas argentinas contra Kueider
La primera causa contra Kueider tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado investiga sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. Entre ellos figura ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, que Kueider integraba como representante de la provincia con derecho a voto. La jueza también analiza posibles delitos conexos, como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.
La segunda se lleva adelante en el juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, que investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos en el gobierno municipal y provincial. Según el dictamen, esa causa se abrió formalmente por enriquecimiento ilícito, por la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles.
El conflicto entre expedientes es que ambas causas tendrían una conexión. La denuncia en Entre Ríos tuvo su origen por parte de un periodista contra Kueider, entonces senador nacional: lo acusó de estar comprometido en hechos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio, y mencionó que sería dueño de la mitad de las acciones de una sociedad anónima con la que habría adquirido departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Ese edificio fue construido por dos hermanos que, a su vez, habían sido imputados en San Isidro por sobornar a integrantes de ENERSA para obtener un contrato a favor de Securitas. Por esa relación, el juzgado federal ordenó acumular la denuncia a la causa principal, aunque mantuvo su trámite por separado.
Más tarde, el fiscal federal planteó la inhibitoria del juzgado de Entre Ríos, y Arroyo Salgado la aceptó y libró un oficio para que el tribunal provincial no avanzara sobre el período 2015-2019. Alegó conexidad con la causa Securitas y riesgo de doble persecución penal, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura subsidiaria, y sostuvo que en el fuero federal se investigan “acontecimientos históricos que explicarían en mejor medida” el aumento patrimonial. También invocó razones de economía procesal.
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Pero el juez provincial, Edwin Ives Bastian, titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, rechazó inhibirse. Sostuvo que el enriquecimiento ilícito de un funcionario en cargos provinciales es materia local, que el auto de mérito de la causa Securitas no describe con precisión la participación de Kueider, y que no se trata del mismo hecho histórico. La Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó esa decisión y precisó que, en la causa federal, la intervención de Kueider sería posterior a abril de 2019, mientras que en el fuero local se analizan incrementos patrimoniales desde 1999. La jueza federal insistió y elevó el conflicto a la Corte.
En su dictamen del 28 de mayo de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal recomendó rechazar el planteo. Consideró que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”. Casal señaló además que la pretensión federal no tiene en cuenta que, mientras integraba ENERSA, Kueider seguía siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos. Y que ni los hechos de la causa Securitas ni el presunto blanqueo de su producto excluyen que en ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local.
El Procurador reconoció la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento, pero entendió que la inhibitoria no era la decisión adecuada. La Corte Suprema, entonces, ahora resolvió “de conformidad con lo dictaminado” por el Procurador interino. Así, rechazó el planteo de inhibición del Juzgado Federal n° 1 de San Isidro y ordenó comunicar la decisión al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, por lo que ambas causas contra Kueider seguirán su curso en paralelo.
