Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que presentó el habeas corpus que llevó a la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que destacó que la justicia bonaerense haya hecho lugar a su pedido. La asociación explicó que el principal argumento de su solicitud fue la incorporación de adolescentes de entre 14 y 15 años al nuevo régimen. Sostuvo que el aumento de la cantidad de adolescentes detenidos "se daría en dispositivos que, en su estado actual, no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente". Y resaltó: "Esa es, precisamente, la cuestión que la Justicia tomó como eje de su resolución: no se trata de discutir la ley en abstracto, sino de constatar que su aplicación inmediata, en el contexto real de los centros de la provincia, puede derivar en una afectación de derechos básicos de los adolescentes alojados allí". CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR El Tribunal fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre, instancia en la que "los responsables de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la Provincia deberán informar qué medidas concretas están tomando y con qué plazos para adecuar la infraestructura existente a los estándares exigidos", según detalla el texto. Para concluir, la organización aseguró que "desde la Federación Familia Grande Hogar de Cristo acompañamos este proceso judicial desde nuestra experiencia territorial, y quedamos a disposición para aportar información y trabajo conjunto en la construcción de condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil". El viernes pasado, a horas de que se pusiera en marcha el nuevo régimen, la Pastoral Judicial dio a conocer un comunicado en el que manifestó: "A escasas horas de la entrada en vigencia de la ley n° 27.801, que amplía la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años, se impone exhortar a las autoridades a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que el nuevo régimen penal juvenil, en donde la privación de la libertad debe ser una medida excepcional de última instancia, no agrave las condiciones de vulnerabilidad ya existentes que atraviesan las infancias en nuestro país". Agencia NA