Madrid, 10 sep (EFE).- La Fiscalía Antidroga ha propuesto blindar legalmente la figura del "colaborador" con la Justicia, aquellos "delincuentes arrepentidos que quieren colaborar" a cambio de beneficios, para garantizar su confidencialidad ante las represalias que podrían adoptar contra ellos violentas redes criminales.

La memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa al año 2025, recoge esta propuesta de regular "una situación o estatuto especial para la figura del 'colaborador'", que podría enmarcarse en la ley de protección de testigos y peritos en causas judiciales.

Para Antidroga, "es imprescindible redefinir la colaboración que puede dar lugar a beneficios y concretar una debida gestión procesal que evite malas prácticas y garantice la confidencialidad y la seguridad del colaborador con un debido control del ministerio público".

La fórmula sería abrir un expediente de colaboración reservado en la Fiscalía, que, aunque pueda ser controlado por el juez, sea ajeno al procedimiento judicial y pueda servir de fundamento para posibles beneficios penales.

Antidroga destaca la frecuencia de las propuestas de colaboración por parte de "delincuentes arrepentidos", pero advierte de que esta colaboración debe ser reservada ante la "dinámica de violencia" del crimen organizado, que podría "poner en serio compromiso la vida e integridad física del colaborador y su familia si llegara a conocimiento de la organización".

Sin embargo, la imposibilidad hoy en día de reflejar en el procedimiento esta colaboración impide la concesión de beneficios, lo que "en la práctica viene siendo un grave obstáculo para la lucha contra la criminalidad organizada".

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama de forma urgente una nueva ley de testigos protegidos y peritos, que reforme la actual, de 1994, para coordinar la protección de testigos y peritos declarados protegidos que pueden estar expuestos a represalias por la gravedad de los casos que se investigan.

Quiere una reforma amplia y detallada que incluya la elaboración de un programa de seguridad para cada testigo o perito protegido, información sobre la mecánica del proceso penal y estas figuras, terapia, recursos para alojamientos seguros, apoyo para la reinserción laboral, social y familiar o información sobre ayudas económicas.

Y busca que esta ley facilite los cambios de identidad cuando sea necesario, establezca un acompañamiento al testigo cuando deba acudir a dependencias judiciales o que se activen alertas penitenciarias para conocer con antelación los permisos y salidas de los condenados y reforzar así la seguridad.

La Fiscalía Anticorrupción también ha propuesto la creación de órganos de instrucción y de enjuiciamiento especializados en materia económica o, mientras que no se reformen las competencias de la Audiencia Nacional, que se creen secciones especializadas dentro de la Sala de lo Penal.

La meta es agilizar los juicios de las macrocausas económicas y de corrupción y reducir las dilaciones -concentradas sobre todo entre el fin de la instrucción y la celebración del juicio- que llevan a vistas sobre "hechos prácticamente olvidados", donde las dilaciones indebidas conducen a conformidades y sentencias no satisfactorias.

Esta Fiscalía pide también más medios internos, con la creación de nuevas unidades de apoyo en materias contables y financieras, y advierte de un marco procesal que es "terreno abonado" para estrategias dilatorias, y de las "indeseables" consecuencias de la demora de los procedimientos.

Consecuencias como "dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito", la prescripción, la "casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas", la exposición pública de los investigados, sometidos a juicios paralelos, y "la general insatisfacción de los ciudadanos ante una respuesta penal lenta e insuficiente". EFE