La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones aliadas instaron al presidente Abelardo de la Espriella a adoptar medidas concretas para proteger el ejercicio periodístico y garantizar el acceso de la ciudadanía a información independiente.
El pronunciamiento que se conoció el miércoles 9 de septiembre de 2026, se reveló cuando se cumple poco más de un mes desde el inicio de su Gobierno y en medio de cuestionamientos por decisiones oficiales y denuncias sobre presiones a espacios de opinión.
La organización sostuvo que el nuevo Ejecutivo debe pasar de las declaraciones públicas a políticas que puedan ser evaluadas.
“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables”, señaló la Fundación en el documento.
Asimismo, desde la Fip se vinculó la defensa del periodismo con la protección de derechos humanos, al exponer que las condiciones de seguridad de periodistas tienen una incidencia directa en el derecho de la población a recibir información libre y sin interferencias.
La ONG advirtió que el escenario actual parte de un deterioro registrado en los últimos años y mostró su preocupación por medidas adoptadas durante las primeras semanas de la nueva administración. “La seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente”, añade el comunicado.
La FLIP registró 2.003 agresiones contra 870 periodistas en cuatro años
El documento oficial por parte de la Flip incluyó cifras sobre la situación de la prensa en Colombia.
De acuerdo con los registros de la Fundación, durante los últimos cuatro años ocurrieron 2.003 ataques contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, entre ellos 10 asesinatos.
La organización indicó que, en promedio, un periodista recibió amenazas cada dos días en Colombia. También documentó 226 episodios de estigmatización provenientes del poder público durante ese período (administración de Gustavo Petro en su mayoría).
La FLIP puntualizó además que los riesgos son mayores en áreas afectadas por el conflicto armado. Algunos casos en concreto son Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y sectores del norte de Antioquia como territorios donde la violencia ha impactado con fuerza a comunicadores y medios locales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el documento recordó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia (Briceño) y el del periodista y corresponsal de la FLIP Cristian Herrera en Cúcuta (Norte de Santander).
“Estas violencias sumadas a la instrumentalización de la prensa, un incremento de amenazas, desplazamientos y exilios, han profundizado la autocensura y el silenciamiento en los territorios”, advirtió la Fundación en el comunicado.
La suspensión de emisoras y la Directiva Presidencial 01 generaron alertas
Entre los asuntos que motivaron el pronunciamiento, la organización mencionó la suspensión de la programación informativa de las 20 emisoras de paz creadas a partir del Acuerdo de 2016, y ejecutadas durante la administración Petro.
Según la FLIP, la medida se produjo el 18 de agosto sin aviso previo. Sumado a esto, el 7 de septiembre, 16 de esas estaciones regresaron al aire bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, mientras que las ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta continuaban suspendidas, de acuerdo con el comunicado.
La Fundación también cuestionó la Directiva Presidencial 01 de 2026, expedida el 3 de septiembre. Esa disposición centralizó la comunicación oficial del Gobierno y estableció que los funcionarios requieren autorización previa de la Presidencia antes de conceder entrevistas o formular declaraciones públicas.
Desde la ONG se sostuvo que, en su versión inicial, el texto incluía directrices que contemplaban la entrega de entrevistas e información a medios o periodistas “amigos”. Dicha coordinación de vocerías estatales, según la Flip, no debe derivar en barreras discrecionales para acceder a datos de interés público
El documento pidió que la aplicación de la directiva se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. “La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización”, afirmó.
La organización pidió investigar denuncias de presión sobre medios
La Flip se refirió además a denuncias públicas sobre presiones a espacios de opinión crítica y a salidas de periodistas de medios de comunicación, y consideró que estos hechos deben ser examinados por sus posibles vínculos con el poder político y por su impacto sobre el pluralismo informativo.
No obstante, también se señaló que se han silenciado voces críticas de mujeres periodistas, humoristas y caricaturistas.
“El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión”, planteó la Fundación, que señaló que estas prácticas podrían constituir censura indirecta.
Entre sus solicitudes, la Flip pidió al presidente de la Espriella rechazar públicamente la estigmatización contra la prensa y transmitir esa instrucción a los funcionarios de su administración, incluso frente a coberturas o contenidos críticos.
Otro de los puntos que se menciona tener como prioridad para Dela Espriella es solicitar que se esclarezcan las denuncias sobre presiones oficiales en medios de alcance nacional y que se respete la independencia editorial, sin usar recursos políticos, económicos o institucionales para condicionar publicaciones o castigar líneas informativas.
La Flip propuso reactivar la política de protección a periodistas
El comunicado incluyó tres medidas relacionadas con la seguridad de periodistas. La primera consiste en retomar y formalizar la política pública de garantías para la labor periodística, una iniciativa presentada por el Ministerio del Interior en 2023 con participación de comunicadores y organizaciones nacionales e internacionales.
La Flip pidió fortalecer la respuesta de las entidades de protección ante las demoras denunciadas en la implementación de medidas. En particular, propuso priorizar mecanismos colectivos y preventivos frente a una atención centrada en la reacción posterior a los hechos de riesgo.
Por último, reclamó una coordinación más estrecha entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales.
Al fina, desde la organización se recordó que se invitó al presidente Abelardo de la Espriella a una reunión para discutir estas propuestas y otros asuntos relacionados con la protección de periodistas en el país.
