Una jueza de Lomas de Zamora frenó durante 60 días la aplicación en Buenos Aires de la ley que baja de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Fiscales anticiparon que no acatarán la medida y la magistrada fue denunciada penalmente.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.
La resolución fue dictada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y comenzó a generar cuestionamientos apenas entró en vigencia la Ley 27.801. La normativa establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años y reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad.
Pascual no declaró la inconstitucionalidad de la ley. Su decisión fue cautelar. Es decir, ordenó que el nuevo régimen no se aplique durante dos meses en territorio bonaerense, mientras se analiza si las condiciones actuales del sistema de encierro juvenil permiten implementar las nuevas disposiciones sin poner en riesgo derechos fundamentales.
Qué argumentó la jueza para suspender la ley
El principal argumento de la magistrada es que la reforma podría ampliar la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal y, en determinados casos, extender los períodos de privación de libertad.
Según planteó en su resolución, la provincia de Buenos Aires no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos humanos ni las condiciones institucionales necesarias para afrontar una eventual mayor demanda sin profundizar los problemas que ya existen en los centros de detención juvenil.
Para Pascual, la intervención judicial preventiva resulta válida cuando existe un riesgo razonable de afectación de derechos fundamentales. En ese marco, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el deterioro de las condiciones de alojamiento.
“Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, sostuvo la jueza.
La resolución, sin embargo, fue duramente cuestionada por sectores que participaron de la elaboración e impulso de la reforma.
Denunciaron a la jueza y cuestionaron el alcance de su decisión
La asociación civil Usina de Justicia denunció penalmente a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad.
El planteo sostiene que una jueza no puede suspender con alcance general una ley sancionada por el Congreso y advierte que la decisión podría afectar el principio de división de poderes. También cuestiona que la medida se base en un eventual incremento del hacinamiento y no en una vulneración concreta de derechos.
Usina de Justicia pidió intervenir en el expediente
Además de denunciar a la magistrada, Usina de Justicia solicitó ser incorporada como amicus curiae en el hábeas corpus para aportar al expediente la perspectiva de las víctimas.
La organización destacó que la Ley 27.801 no establece únicamente penas de encierro, sino que contempla diferentes medidas alternativas, entre ellas programas educativos, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación.
El planteo apunta así contra uno de los fundamentos centrales de la resolución: la posibilidad de que la aplicación del nuevo régimen produzca una sobrecarga en los establecimientos destinados a adolescentes.
Fiscales bonaerenses anticiparon que no acatarán la suspensión
La decisión de Pascual también provocó un conflicto dentro del sistema judicial bonaerense. Fiscales de distintos departamentos judiciales anticiparon que continuarán aplicando la nueva legislación.
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, cuestionó que una jueza de Lomas de Zamora pueda extender los efectos de su decisión a todo el territorio provincial.
En la misma línea se expresó el fiscal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate. El funcionario sostuvo que un magistrado puede declarar la inconstitucionalidad de una norma para un caso concreto, pero no dejar sin efecto una ley penal nacional con carácter general.
Zárate reconoció que las condiciones de alojamiento de los adolescentes privados de libertad distan de ser ideales, pero rechazó que la entrada en vigencia del nuevo régimen vaya a provocar una ola de detenciones.
“No estamos en un escenario de excelentísimas condiciones de alojamiento de los menores, pero tampoco va a haber una avalancha de detenciones porque los supuestos de detención siguen siendo los mismos que antes”, explicó.
Según el fiscal, los adolescentes continuarán siendo derivados a institutos penales juveniles cuando se trate de delitos graves, por lo que consideró que la suspensión de la ley no resulta justificada.
También analizan pedir el juicio político
La ofensiva contra la jueza no quedó limitada al ámbito judicial. Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza anticiparon que impulsarán un pedido de juicio político contra Pascual por su decisión de suspender la aplicación del régimen.
De esta manera, el conflicto ahora involucra también los límites de la intervención de los jueces, el alcance territorial de sus resoluciones y las facultades de las provincias para implementar una ley penal sancionada por el Congreso.
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