La Justicia de la provincia de Buenos Aires frenó preventivamente la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil durante 60 días. La medida busca evaluar si existen recursos e infraestructura suficientes para aplicar la baja de la edad de imputabilidad sin vulnerar los derechos de adolescentes privados de su libertad.

La Justicia bonaerense resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La decisión busca determinar si el sistema cuenta con las condiciones necesarias para implementar los cambios previstos en la legislación sin afectar los derechos de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de jóvenes privados de su libertad, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen vigente e incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, al reducir de 16 a 14 años la edad de punibilidad.

Con este cambio, jóvenes de entre 14 y 16 años pueden quedar sometidos a procesos judiciales por determinados delitos contemplados en el Código Penal. Para la magistrada, la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el régimen podría generar una mayor demanda sobre el sistema penal juvenil e incluso prolongar los períodos de privación de la libertad.

Dudas sobre la capacidad del sistema bonaerense

Uno de los principales argumentos de la resolución apunta a la falta de infraestructura y recursos para afrontar un eventual incremento en la cantidad de adolescentes dentro del sistema.

Pascual advirtió que la Provincia no contaría actualmente con las condiciones materiales necesarias para incorporar a una mayor población juvenil y ordenó analizar la capacidad edilicia, institucional y profesional disponible para responder al nuevo escenario.

La preocupación central es que la implementación inmediata de la normativa, sin una estructura adecuada, pueda derivar en situaciones que afecten garantías y derechos fundamentales de los adolescentes sometidos al régimen.

Una intervención preventiva

La jueza también fundamentó su decisión en el denominado principio precautorio, que habilita la intervención judicial anticipada cuando existen elementos que permitan prever una posible vulneración de derechos.

La suspensión no implica la derogación ni la anulación de la Ley 27.801. Durante los próximos 60 días, la Justicia buscará evaluar si el sistema penal juvenil bonaerense está en condiciones de absorber los cambios introducidos por la nueva normativa.

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