El fiscal federal Franco Picardi pidió informes sobre cada operador del sistema que habilitaba la autorización de importaciones SIRA durante el cepo cambiario en 2023 y también en relación a los funcionarios que intervinieron en el caso puntual de dos empresas investigadas por presuntos pagos ilegales para acelerar los permisos, en la causa en la que está acusado Martín Migueles, pareja de Wanda Nara.
La fiscalía requirió a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía el envío de “la identidad de los funcionarios o usuarios que hubieran intervenido, el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo” de los permisos de importación, que se implementaron para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.
Los investigadores tienen ya una primera respuesta a sus pedidos de informes pero advirtieron que “no satisface de manera íntegra lo requerido”. Se investigan supuestos pagos de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones.
La mira en los permisos
La mira está puesta en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), y en particular en relación a Migueles sobre permisos gestionados para las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.
Al ordenar nuevas medidas de prueba, Picardi requirió que se le informe el “cargo desempeñado y el alcance concreto de los permisos asignados a cada usuario autorizado para operar el Sistema Informático Malvina (“SIM”) y, en particular, para habilitar o intervenir en la autorización de importaciones durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (“SIRA”), como así también cualquier otro detalle relativo a la asignación de usuarios a la Secretaría de Comercio y sus dependencias”. La fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron en las solicitudes SIRA.
Además, se pidieron informes sobre cuáles fueron los “parámetros, criterios, variables o condiciones utilizados para la aprobación, observación o rechazo de las solicitudes SIRA, junto con la descripción del procedimiento administrativo y/o informático aplicable durante el período de vigencia del sistema”, según supo Infobae en fuentes judiciales.
En relación a las dos empresas investigadas la fiscalía busca conocer qué funcionarios o usuarios del sistema intervinieron, “el carácter y alcance de cada intervención, las fechas correspondientes y toda otra información vinculada con su trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo”.
Las llamadas de Migueles
La fiscalía también avanzó sobre los llamados que recibieron dos sospechosos de haber intervenido en la gestión irregular de los permisos, según la información obtenida del celular de Migueles. La fiscalía avanzó sobre la base de los listados de llamadas entrantes y salientes de Patricio Marre y Héctor Caputto, supuestos intermediarios en la gestión por la cual se habría cobrado entre un diez y un quince por ciento de comisión. Esta prueba ya está en los tribunales y ahora se pidieron informes sobre los titulares de los abonados telefónicos que registraron llamados con ellos en los días bajo investigación.
Según la imputación fiscal y en base a las conversaciones de Migueles surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó.
El “rulo cambiario”
El fiscal reiteró además pedidos para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de otros imputados en el tramo de la causa que se vincula a maniobras de financieras con la compraventa de dólar a valor oficial para luego venderlo a valor blue y que está a cargo del Juzgado Federal 11 en Comodoro Py 2002, que subroga el juez Ariel Lijo.
La Cámara Federal porteña resolvió ya que las causas que investigan a Elías Piccirillo y Migueles por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario” durante 2023 queden a cargo de Lijo.
Se investiga la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.
Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario acusado de un presunto pago a policías para montar un operativo contra Hauque, a quien según la acusación le plantó droga y un arma, para evitar saldar una deuda multimillonaria que mantenía con él. Migueles preside “Arg Exchange SA”, una financiera que según la investigación habría hecho compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.
