La Libertad Avanza (LLA) anticipó que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión provisoria por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El espacio cuestionó el alcance de la cautelar y la vinculó con la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma aprobada por el Congreso de la Nación. De elevarse el pedido de jury, deberá presentarlo ante la Secretaría de Enjuiciamiento, un organismo que tiene entre sus múltiples competencias recibir las denuncias que cualquier ciudadano o institución pueden realizar contra los magistrados, funcionarios del Ministerio Público.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, expresó Pareja. El dirigente libertario calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y remarcó que la ley atravesó el tratamiento legislativo antes de su entrada en vigencia.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, cuestionó que la cautelar frene el nuevo régimen y aseguró que la Justicia provincial “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”. El titular de la bancada libertaria en Diputados, Juan Osaba, definió la medida de la Jueza como un “fallo político” y afirmó que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.
El Gobierno nacional también cuestionó la suspensión dispuesta en Lomas de Zamora
La resolución fue firmada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
La decisión no declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza fundó la suspensión en la falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado que, según planteó, requeriría la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense.
Desde el Gobierno nacional también hubo cuestionamientos. La senadora Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la reforma, atribuyó la medida a una “Justicia provincial garantista”. El diputado nacional Diego Santilli criticó al gobernador Axel Kicillof por la decisión de la magistrada. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió que una reforma de esa magnitud requiere juzgados, fiscalías, centros especializados y recursos. También reclamó fondos nacionales para que la provincia pueda aplicar la norma.
Un fiscal de San Isidro dijo que aplicará la ley pese a la cautelar
La medida de Pascual abrió además una discusión dentro del Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la resolución carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción.
Zárate afirmó que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un expediente concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, sostuvo en declaraciones radiales.
El fiscal planteó que la nueva ley ya produjo efectos en causas judiciales. Mencionó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada por la aplicación del principio de ley penal más benigna. Según su interpretación, si el régimen puede ser utilizado para revisar condenas favorables a acusados, también debe regir para los nuevos procesos.
Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia. Antes de incorporarse al Poder Judicial bonaerense, ocupó cargos en organismos provinciales, integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia y fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia. También se desempeñó como consultora de Unicef y dirige la Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
La jueza señaló en una entrevista reciente que no rechaza la reducción de la edad de imputabilidad, aunque advirtió que la aplicación de la norma exige dispositivos estatales para atender a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
La iniciativa sancionada en el Congreso incluye en su artículo 49 la “adecuación de regímenes procesales”. En el mismo se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables “a los adolescentes desde los catorce (14) años de edad hasta los dieciocho (18) años de edad a los principios, garantías y derechos consagrados en esta ley”.
Desde el PRO, el senador provincial, Guillermo Montenegro, había presentado un proyecto de ley instando al gobierno de Kicillof a que adhiera y adecúe la normativa a lo aprobado este año en el Congreso por impulso del Gobierno nacional.
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