Las alertas volvieron a sonar con fuerza semanas atrás, cuando empleados de las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial renunciaron y denunciaron públicamente que los laboratorios compiten en alcanzar modelos cada vez más poderosos, sin tener asegurado su control. Luego, los propios CEOs de algunas de esas compañías hicieron un llamado a desacelerar el desarrollo para poder garantizar medidas de seguridad, aunque no se observa que tal desaceleración haya sucedido hasta el momento. Se sumó, además, la aparición de nuevos casos públicamente documentados de modelos de IA que actuaron de forma autónoma o utilizaron medios prohibidos para cumplir con tareas asignadas.
Más allá de las razones ocultas detrás del reciente llamado a desacelerar —y de que las advertencias sobre los riesgos ya habían sido dichas varios meses atrás incluso por los principales jugadores de la industria—, la discusión reavivó el debate sobre la necesidad o no de regular desde el Estado estas nuevas tecnologías. Para conocer cómo está parada la Argentina en este debate, TN conversó con legisladores, investigadores y expertos en políticas públicas.
En el Congreso nacional fueron presentadas en los últimos años decenas de iniciativas vinculadas de alguna manera a la regulación de la inteligencia artificial. Ninguna prosperó hasta el momento: no existe hoy un plan integral y los proyectos impulsados por el Gobierno apuntan, no a su control, sino a su promoción y desregulación. Por otra parte, según advierten en el parlamento, la discusión de fondo sobre si cualquier regulación puede frenar el desarrollo, la innovación o la llegada de inversiones, termina bloqueando también la posibilidad de acuerdos mínimos: la protección de datos, el derecho a la imagen, los usos maliciosos y el cuidado de chicos y adolescentes, donde en general existe consenso entre los distintos bloques.
El debate por la regulación en la Argentina
El centro de investigaciones CITRA-CONICET viene realizando publicaciones periódicas que incluyen un relevamiento de las iniciativas legislativas de regulación de la IA en la Argentina. De acuerdo con su último informe, hasta marzo de este año se habían presentado 76 proyectos de diversa índole en la Cámara de Diputados y en el Senado. Desde entonces, según indican en el CITRA —que en octubre publicará un nuevo informe—, el número de iniciativas presentadas aumentó exponencialmente y hoy supera cómodamente el centenar. Ninguna se convirtió en ley.
Los proyectos incluyen desde marcos generales de regulación que discriminan según niveles de riesgo. Además, prohíben usos considerados peligrosos y crean autoridades de control. Incluso algunos plantean regulaciones más acotadas a temas puntuales: el uso de datos personales y biométricos, los delitos contra la integridad sexual de menores, la manipulación de procesos electorales, el derecho del consumidor, el uso de la IA en la administración pública, en la educación o en la producción audiovisual.
Aunque sin chances ciertas de convertirse en ley, la iniciativa de regulación que tal vez avanzó más en el trámite parlamentario fue la del diputado Daniel Gollán (UxP), que intentó integrar propuestas de distintos bloques opositores e incluso de legisladores aliados del oficialismo u hoy oficialistas, y alcanzó dictamen de mayoría en noviembre pasado, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que él mismo presidía. Se trataba de un marco general, con niveles de riesgo y la creación de una agencia estatal encargada de certificar, auditar y sancionar. El oficialismo y aliados lo rechazaron por atentar contra el desarrollo y espantar cualquier posibilidad de innovación. El dictamen no pasó de allí: llegó el recambio parlamentario, resultado de las elecciones legislativas de ese año, cambiaron también las autoridades de las comisiones y el tema no volvió a ser discutido.
“Ese dictamen apuntaba al miedo, a regular desde el temor: ‘Bueno, todo esto, como es nuevo, puede generar daño, entonces lo prohíbo’. Y eso sería lo peor que puede pasar en la Argentina”, afirma Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza (ex PRO). La legisladora tiene proyectos propios vinculados a la IA: presupuestos mínimos para promover su desarrollo, iniciativas contra el uso indebido de datos personales en el Código Penal y cambios en la ley de protección de datos.
“Lo mejor es no hacer grandes regulaciones. No tenemos desarrollo de inteligencia artificial en nuestro país, tenemos pequeños desarrollos, aplicaciones, unicornios, usuarios. Regular en un país en vías de desarrollo como el nuestro sería totalmente contraproducente. Hay que mejorar y profundizar la protección de los datos personalísimos, en eso sí que hay que avanzar”, sostiene. “Tenemos que pensar en un esquema de gobernanza supranacional, donde nos pongamos de acuerdo: desarrolladores, gobiernos democráticos, investigadores, la academia. Y ahí sí la Argentina tiene que estar en la mesa, porque si no nos vamos a quedar afuera de todas las oportunidades”, agrega.
Juan Brügge, diputado de Provincias Unidas por Córdoba, tiene tres proyectos vinculados a la IA: un régimen legal para su uso responsable, modificaciones al Código Penal por la creación o manipulación de contenidos audiovisuales y un régimen de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. El primero fue uno de los que sirvieron de base para el proyecto integrador de Gollán que obtuvo dictamen el año pasado. “Que regular frena el desarrollo era un mito que se cayó cuando se discutió la regulación de internet: que las regulaciones eran técnicamente inaplicables, económicamente costosas, que iban a desalentar las inversiones, todos mitos. Cuando en Europa salió el reglamento nuevo de protección de datos personales, aunque amenazaron, no se fueron ni Google, ni Facebook, ni ninguna otra gran empresa. Todos esos mitos que hoy nos quieren volver a reeditar con el tema de la inteligencia artificial son eso, mitos”, sostiene Brügge.
En la misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón, que entre otros textos presentó una iniciativa para crear un régimen de protección de derechos frente a contenidos sintéticos generados con IA, señala que cualquier discusión sobre este tema parece hoy trabada en el Congreso: “Está este discurso de que finalmente esas regulaciones lo único que hacen es ralentizar el desarrollo, y parece que es mala palabra decir que hay que ordenar la situación porque implica riesgos concretos. Eso hace que sea bastante complejo avanzar incluso en algunos temas bastante obvios donde uno percibe hay consenso”. Efectivamente, la preocupación por la protección de datos, imagen, sobre todo para menores, está presente en iniciativas tanto de la oposición como del oficialismo y aliados.
Lo que hasta ahora impulsó el Ejecutivo nacional ha ido en una dirección diferente. El proyecto de “Súper RIGI”, un régimen de beneficios para inversiones de más de 1.000 millones de dólares en actividades que todavía no se desarrollan en el país, consiguió media sanción en Diputados, pero hace tres meses está trabado en el Senado. Entre esas actividades alcanzadas estaría la infraestructura tecnológica y digital estratégica, que incluiría la instalación de centros de datos.
La otra iniciativa reforma la Ley de Sociedades, y crea la figura de la sociedad automatizada: una empresa operada por agentes de IA, con responsabilidad limitada, en la que los accionistas humanos pueden participar, pero no son obligatorios. Tampoco, por ahora, logró avanzar en las comisiones del Senado. Milei defendió el proyecto en una columna que publicó en el Financial Times el 4 de junio pasado, con la colaboración de Federico Sturzenegger. Allí enumeró los “pilares” del marco legal que su gobierno propone: mantener la IA sin regular “para que pueda desarrollarse sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”; crear esa nueva categoría societaria y un entorno fiscal competitivo, con impuestos bajos y la posibilidad de que los accionistas elijan bajo qué ley de gobierno corporativo se rigen. Días atrás, el Presidente ratificó su defensa de la no regulación de la IA en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Micaela Sánchez Malcolm fue secretaria de Innovación Pública durante el último gobierno, es investigadora, especialista en políticas tecnológicas y presidenta de Géneras (organización de la sociedad civil que trabaja en la intersección entre tecnología, género y políticas públicas). Siguió el trámite del Súper RIGI en el Senado, donde expuso como especialista, y cuestiona las condiciones que establecería el nuevo régimen: grandes exenciones tributarias, el escaso control ambiental, que el inversor elija el tribunal donde eventualmente litigar y que las empresas queden exceptuadas de las normas que priorizan el abastecimiento interno, de modo que, según advierte, habría que proveerles, por ejemplo, energía y agua, independientemente de las necesidades de la población.
“El proyecto está enfocado totalmente en una idea de habilitación: abrimos las puertas, vengan. Y ese ‘abrimos las puertas, vengan’ implica que no controlamos nuestros bienes, no controlamos nuestros recursos, no definimos ni medimos el impacto, no generamos trabajo, no generamos ingresos, no generamos vinculación con la ciencia y la tecnología del país”, sostiene.
“Entre la negación de cualquier tipo de regulación, lo que se intentó hacer con el proyecto de ley de sociedades, la ley de tierras [cuya modificación buscaba ampliar la posibilidad de compra de tierras por extranjeros], y el proyecto de Súper RIGI, lo que propone el oficialismo es un paraguas normativo que no tiene precedentes en el mundo. El mundo está discutiendo cómo generar instancias de gobernanza, de protocolos, de procedimientos, de planificación controlada, y acá queremos ir hacia un esquema de descontrol absoluto”, agrega Malcolm.
¿Qué está pasando en el mundo?
Luis Lozano es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Observatorio de IA y Sociedad de la universidad, donde desde hace tres años estudia las experiencias de regulación de la inteligencia artificial en el mundo. Señala que existen tres grandes modelos de regulación: Estados Unidos, Europa y China.
“Históricamente en estos temas, Estados Unidos ha promovido un paradigma de autorregulación de parte de las empresas. Pero ese paradigma de autorregulación no es en el vacío: hay una legislación antimonopolio muy fuerte, hay legislaciones acerca de soberanía de las compañías informáticas muy fuertes, y sobre esto además el gobierno de Biden había avanzado en una orden ejecutiva (similar a un decreto) que planteaba ciertas bases de uso de la IA. prevención y mitigación de riesgos”, explica. Sin embargo, Trump derogó esa orden al asumir su segundo mandato y fijó una directiva pública de no regulación, aun en medio de su enfrentamiento con Anthropic, a la que declaró empresa no confiable. “La respuesta de Trump a las advertencias de las últimas semanas fue: no hay que regular la IA porque el que gana la carrera de la IA gana la batalla contra China, y en caso de que ocurra algún problema, ya existe una amplia legislación penal para aplicar”, agrega.
Hace dos años, la Unión Europea aprobó su reglamento de inteligencia artificial, que establece niveles de riesgo, y limitaciones en el uso de la IA, obligaciones o requisitos de seguridad para cada nivel de riesgo. Las medidas están entrando en vigencia por etapas: así, por ejemplo, en agosto se activó un paquete de obligaciones que entre otras cosas exige identificar los contenidos creados o manipulados con IA. “El reglamento establece un nivel de riesgo máximo, en el que la IA está prohibida. Por ejemplo, en el manejo de grandes infraestructuras de energía, de sistemas de armas nucleares o sistemas militares de defensa. Luego hay un nivel de riesgo muy alto, con obligaciones estrictas, por ejemplo en lo que tiene que ver con la influencia en el debate público o electoral. Y así hasta llegar al nivel más bajo, en el que no establece ningún tipo de regulación, como puede ser el uso de un filtro de correo spam”, detalla Lozano. Las empresas que incumplen son sancionadas.
El reglamento rige para todos los países miembros, que a su vez pueden dictar normativa propia. Ya lo hicieron Italia, Alemania, Irlanda, Polonia, Dinamarca y Finlandia; España creó un organismo específico para supervisar la aplicación del reglamento, aunque su ley local sigue todavía en el Congreso, y en Francia y los Países Bajos hay iniciativas en debate.
El tercer gran modelo es el de China, con el Estado en el centro. No existe una regulación macro, como en Europa, sino normas sucesivas por materia: contenido sintético, IA generativa, control sobre los algoritmos que deciden qué ve cada usuario. Los modelos que se ofrecen al público deben registrarse y pasar una evaluación previa, y rige desde hace más de dos años la obligación de identificar el contenido generado con IA. A la vez, el país promueve modelos de código abierto, que los usuarios pueden modificar e instalar localmente, que no están exentos de riesgos.
Lozano destaca además algunas experiencias puntuales. Corea del Sur, un país que produce microchips (clave para las empresas que desarrollan IA), sancionó una ley con obligaciones para los proveedores y, al mismo tiempo, medidas de promoción. “Lo que demuestra la experiencia de Corea del Sur y otras es que regulación e innovación pueden ir de la mano. Es falsa la dicotomía que opone regulación a innovación. ‘Cualquier ley mata la innovación’: no. Una ley bien hecha acompaña la innovación, le da un basamento soberano, nacional, y permite también un uso social saludable, productivo, de estas tecnologías”, sostiene.
En la región, Brasil cuenta con un proyecto de marco legal parecido al europeo, basado en riesgos, que establece obligaciones de control y transparencia según el nivel en que se encuadre cada empresa y define una zona donde la IA no está admitida. Consiguió media sanción hace casi dos años, pero desde entonces no avanzó. Chile ya avanzó en una reforma de su Ley de Protección de Datos Personales que entrará en vigencia a fin de año, y dio media sanción en Diputados a un marco regulatorio general, que espera su tratamiento en el Senado. Según Lozano, “Chile está bastante a la vanguardia en la región” y también firmó acuerdos regionales y con países del Pacífico que incluyen reglas sobre la circulación internacional de datos y su protección.
