“Es duro”, así resume Antonio su experiencia tras auto deportarse a El Salvador después de haber vivido más de dos décadas en Estados Unidos, expone los efectos de las recientes políticas migratorias estadounidenses en miles de familias centroamericanas.
Un año después de autodeportarse por miedo a las redadas y la criminalización del migrante irregular, comparte su historia en un contexto marcado por la incertidumbre que genera el inminente fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) previsto para el 9 de septiembre, una medida que no representa deportaciones masivas automáticas, pero si un golpe para quienes han construido una vida lejos de sus países de origen.
La vida de Antonio cambió en 1999, cuando la violencia forzó a su familia a abandonar la tierra donde poseían una empresa textil.
“Nos dijeron que si no les entregaban una fuerte suma en colones nos iban a mandar a mi hermano en una maleta, teníamos que llevar el dinero a un restaurante de San Salvador, se vendieron cosas, prestamos dinero, nos presentamos en el lugar con varios hermanos de la iglesia, pero no llegaron, sabían que no fuimos solos y tuvimos que salir del país lo antes posible”.
La amenaza directa y la falta de protección empujaron a Antonio y a su familia a buscar refugio en un país desconocido, donde enfrentaron la pérdida de todo lo material y la necesidad de reconstruir su vida desde cero.
“Compramos los boletos y nos fuimos a Estados Unidos con mi esposa y dos niños, dejamos todo atrás. Después de ser el jefe llegamos a dormir en el suelo, a limpiar baños y trabajar dobles turnos sin ver a mis hijos para salir con los gastos”.
El paso del tiempo permitió cierta estabilidad, aunque nunca sin sacrificios. Estados Unidos ofreció oportunidades y retos. “Era duro cuando yo logré llegar a ser gerente de un restaurante y ver a mi pobre padre ser el ordenanza, pero qué más podía hacer ahí el trabajo no era de levantar carga ni bajo el sol como en las construcciones”.
La regularización migratoria solo fue posible para los hijos de Antonio, beneficiarios del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). “Mis hijos son estudiados en la universidad, ellos hablan más de dos idiomas, uno de ellos trabajó con el gobierno, pero ni aún así podíamos hacer mucho para conseguir papeles. Cuando las cosas se pusieron más complicadas tuvimos que separarnos, porque mis papás y yo estábamos indocumentados, huyendo, ya no encontrábamos trabajos, nos daba miedo salir a la calle porque andaban deteniendo a la gente por el color de piel”, relató a Infobae.
El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos llevó a Antonio a tomar una decisión extrema: regresar voluntariamente junto a sus padres a El Salvador, dejando a sus hijos bajo la protección del DACA.
“Al filo de cumplir un año de haberse autodeportado en agosto del 2025 Antonio señala que no tiene la certeza de cuándo volverá a ver a sus hijos pues ellos se encuentran esperando una solución migratoria antes de tomar la decisión de regresar a un país que no conocen pues lo dejaron antes de los cinco años”.
Al retornar, la familia intentó rehacer su vida a las afueras de San Salvador. Consiguieron dos viviendas y buscaron diversas formas de subsistir.
El dinero pronto comenzó a escasear y los intentos de establecer negocios propios resultaron fallidos. Antonio consiguió empleo en un call center, asegurando que al menos su esposa y él tendrían seguro médico ante una emergencia.
“Quisimos poner bazar otra vez, pero las cosas no se dieron, mi papá sabe de masajes quiroprácticos, pero no tiene ningún papel que lo acredite, solo puede ofrecer sobadas por $20. Quise trabajar haciendo Uber, pero había días muy buenos y días muy bajos, eso me preocupaba”.
El regreso también implicó una nueva ruptura. Antonio tuvo que abandonar nuevamente bienes materiales y la estabilidad alcanzada tras años de esfuerzo. “Es duro, pero esta vez mi hijo mayor se encargó de vender algunas cosas o tras la verdad se regalaron, no íbamos a recuperar todo”.
El caso de Antonio se produce en la antesala de la finalización del TPS para ciudadanos de varios países, incluido El Salvador. El próximo 9 de septiembre, el cese de este beneficio dejará a 170 mil salvadoreños en situación de vulnerabilidad, al no representar una vía directa de deportación pero sí la pérdida de permisos de trabajo y protección frente a la expulsión forzada.
Según organizaciones de migrantes, la medida se suma a la presión que ya padecen quienes, como Antonio, han debido elegir entre la separación familiar o el retorno a un entorno que les resulta ajeno.
La historia de Antonio refleja el impacto de las políticas migratorias en la vida cotidiana y la resiliencia de quienes han enfrentado la migración dos veces.
