En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó una condena histórica a una familia clave del submundo del delito en el interior del país. Rubén Eduardo Ale, “La Chancha”, ex presidente del club San Martín de Tucumán y su hermano mayor, Adolfo Ángel, “El Mono” recibieron una pena de diez años de cárcel cada uno como jefes de una asociación ilícita, considerados culpables del delito de lavado de activos de delitos como el juego clandestino y la extorsión. Fueron, en total, trece condenados y tres absueltos.
La sombra de la desaparición de Marita Verón perseguía al clan. Susana Trimarco, la madre de la víctima, señaló a “La Chancha” como el máximo responsable del secuestro y desaparición de su hija, Marita Verón, uno de los mayores enigmas de la historia policial argentina. Sin embargo, Alé nunca fue condenado por este crimen, por el cual también estuvo imputada su ex pareja, María Jesús Rivero. En 2012, la absolución masiva de 13 imputados tras el juicio por la desaparición de Verón devino en un escándalo nacional.
De vuelta al juicio de 2017, el aporte de la Unidad de Información Financiera fue clave, con un extenso informe que reveló la dimensión de la fortuna y el patrimonio de los Alé. El número final fue sorprendente: casi 40 millones de pesos en maniobras financieras, con una larga lista de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones y 72 armas de fuego valuadas en más de 400 mil pesos.
“La Chancha” falleció en 2023 en su provincia. Hoy, nueve años después de esa condena, la UIF y el clan Ale se vuelven al cruzar. Bajo el mando del abogado Matías Álvarez, el organismo ordenó bloquear una de las empresas clave de la familia, dedicada al negocio del juego.
Se trata de Point Limits SRL, conformada en 2011 en la capital tucumana, históricamente vinculada a “El Mono” Ale, con una larga lista de aportes impagos a sus empleados en la historia reciente. En su historia, Point Limits controló una serie de locales. Había sido allanada en la causa que terminó con la condena de los hermanos. Los fiscales sostuvieron que era una posible pantalla de lavado. Así y todo, nunca dejó de operar.
La UIF, precisamente, denegó la registración de Point Limits como sujeto obligado. De esta forma, impidió “impidió que la empresa obtuviera la registración necesaria para continuar operando en el sector de juegos de azar”, afirma una fuente clave en el caso.
Point Limits intentó seguir operando tras la condena de los Ale. Su registración ante la UIF había sido impedida. durante 2025 y 2026, la firma realizó distintas presentaciones para regularizarla y obtener obtener la constancia que le permita como Sujeto Obligado.
Entonces, la Agencia Regional Norte de la UIF analizó la documentación que presentaron. Allí, se detectaron diversas irregularidades, afirma un reporte oficial. El clan tampoco presentó sus certificados de reincidencia ante diversos pedidos. El “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por la empresa, un hombre que porta el apellido Ale, ni siquiera era parte de la SRL.
Los sujetos obligados “son las personas, empresas y organismos” que, por la actividad que desarrollan y su exposición a riesgos de lavado de activos, “integran el sistema de prevención y deben colaborar activamente con la UIF”, continúa el informe.
