El reparto de menores migrantes llegados a Ceuta a finales de julio hacia la península mantiene abierto el choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, regiones que insisten en rechazar el traslado. Así lo han vuelto a expresar este lunes los presidentes autonómicos del PP que han acudido a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid, donde han expresado que rechazan la medida porque “legitimaría la invasión”. Estas regiones también señalan que el traslado de esos niños, niñas y adolescentes no resolvería la situación.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado, antes del desayuno informativo de Vivas, que el reparto de menores “no es la solución”. “No podemos legitimar una acción dirigida y teledirigida de invasión”, ha señalado ante la prensa, destacando que la única alternativa es “que todos retornen a su país y, si son menores, mucho más importante, pues tienen que estar con su familia”, según informa la agencia EFE. No obstante, organizaciones humanitarias como Save the Children ya han advertido que muchos de los menores llegados a Ceuta han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.
Además, las ONG recuerdan que la legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser “una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado dos objeciones al reparto. Por un lado, asegura que la Unión Europea ha advertido de que los migrantes no pueden acceder a la península y, por otro, ha alertado de un posible “efecto llamada” si alcanzan “territorio de la Europa continental”.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha acusado al Gobierno de querer “normalizar esta situación” mediante el reparto de menores. Considera que no es admisible que, ante “una avalancha”, el Ejecutivo los distribuya entre las comunidades autónomas “sin más”. “Galicia no iba a aceptar en ningún caso un reparto a la carta, un reparto injusto, sin planificación, sin financiación”, ha indicado, al tiempo que ha criticado que se excluya de la distribución a las autonomías que, a su juicio, presionan al Gobierno por intereses políticos.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha afirmado que trasladar a los menores a otras comunidades no resuelve el problema, sino que “lo reparte”. “No es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y, por lo tanto, tiene que tener otro trato”, añadió.
Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que “la raíz del problema es la invasión” y la ha definido como “un ataque” a las fronteras españolas. Por ello, ha reclamado devolver a los migrantes “por donde han venido”.
El Gobierno recuerda que el retorno “sin garantías” es ilegal
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha expresado en varias ocasiones que lo que el Partido Popular plantea “no es reunificación familiar ni retorno, sino una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”. En ese sentido, la ministra ha insistido en que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, ha subrayado que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.
Cabe recordar que el enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes no acompañados se intensificó tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, aprobada el pasado mes de abril, introduce un sistema obligatorio que redistribuye a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan su capacidad de acogida. El mecanismo, que fija las cuotas según población, renta y nivel de desempleo de cada autonomía, ha sido rechazado por las regiones gobernadas por el PP y algunas han recurrido a los tribunales, al considerar que el modelo impone criterios obligatorios sin garantizar los recursos necesarios ni transparencia en los datos.
(Con información de EFE)
