CUC y CCDA denunciaron este 2 de septiembre que Guatemala atraviesa una crisis rural marcada por la sequía, los desalojos violentos y el incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por el gobierno de Bernardo Arévalo, una combinación que, según las organizaciones, ya golpea a 236.447 familias campesinas y puede profundizar la inseguridad alimentaria en todo el país.
El dato más extendido del impacto está en el campo: la sequía ya provocó pérdidas de cultivos en 138 municipios y afecta a esas 236.447 familias, mientras la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases proyecta que 3,1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria durante septiembre, citada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.
El Comité de Unidad Campesina y el Comité Campesino del Altiplano presentaron en la ciudad de Guatemala un comunicado en el que sostienen que la falta de lluvias, los desalojos y el freno del pacto agrario no son hechos separados. Las organizaciones atribuyen los tres fenómenos a una misma desigualdad estructural en la tenencia de la tierra.
Según el documento, el Ejecutivo trata cada frente como si fuera independiente, cuando en realidad responde a un modelo de concentración de tierras en pocas manos. El texto agrega que ese esquema se sostiene en un sistema de justicia que, a juicio de las organizaciones, beneficia a la élite agraria del país.
La sequía deja 54 días sin lluvia y pérdidas de cultivos en 138 municipios
El comunicado señala que Guatemala acumula 54 días sin lluvia y una reducción del 33% en la primera temporada de precipitaciones. Las organizaciones ubican este episodio cerca de convertirse en el más grave de los últimos 76 años.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mantiene bajo vigilancia 112 municipios de 16 departamentos, entre ellos Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché e Izabal. Para CUC y CCDA, el fenómeno golpea con más fuerza a comunidades que fueron desplazadas históricamente hacia tierras marginales tras perder sus derechos ancestrales sobre el territorio.
El mismo texto añade que se reportaron más de 13.900 casos de desnutrición aguda. También advierte que la caída en la producción de granos básicos empujará el precio de los alimentos y se sumará al costo del combustible.
Un estudio difundido a fines de agosto por Oxfam y Acción contra el Hambre documentó que 36.431 hogares del Corredor Seco guatemalteco sufrieron daños graves en sus cultivos de maíz, y que ocho de cada 10 registraron pérdidas de entre el 75% y el 100% de la cosecha, según consignó prensalibre.com.
Las organizaciones denuncian 14 desalojos violentos durante la gestión de Arévalo
El comunicado también denuncia que durante la administración de Bernardo Arévalo se ejecutaron 14 desalojos violentos contra comunidades campesinas. CUC y CCDA afirman que el sistema judicial criminaliza de forma sistemática a comunidades indígenas y rurales en favor de empresas extractivistas y de la expansión de monocultivos.
Las organizaciones sostienen que el Organismo Judicial ordena desalojos sin garantizar el debido proceso ni verificar la legalidad de las solicitudes, en incumplimiento de directrices de Naciones Unidas. El texto lo resume así: “La concentración de tierra y el avance de los monocultivos arrebatan a los campesinos las mejores tierras de cultivo; los desalojos les arrebatan incluso las marginales”.
El Acuerdo Agrario fue firmado en febrero de 2024 y sigue sin resultados sustanciales
El pacto cuestionado por las organizaciones fue firmado el 14 de febrero de 2024, semanas después de la asunción de Arévalo. Su objetivo era atender la conflictividad agraria, facilitar el acceso a la tierra, respaldar la economía familiar campesina y avanzar en la Política de Desarrollo Rural Integral.
Según el comunicado, el Ejecutivo se comprometió a cumplirlo en los primeros 100 días de gobierno, pero ese plazo lleva más de dos años y medio vencido. El documento afirma: “Tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, el campo guatemalteco sigue gobernado por el hambre, el despojo y el abandono institucional”.
La publicación recuerda además el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria de 1996 para subrayar que el Estado sigue sin concretar una transformación en la tenencia de la tierra que garantice estabilidad económica y bienestar social a la población rural.
La denuncia por la parálisis del pacto ya había llegado a la justicia. En mayo, CUC y CCDA presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente por la falta de respuestas oficiales a los conflictos agrarios, según consignó prensacomunitaria.org.
En esa presentación, el dirigente del CCDA Leocadio Juracán dijo al medio que el abordaje del gobierno había sido “principalmente técnico, sin decisiones políticas de fondo” y que la instancia de diálogo “no ha resuelto un solo caso en casi dos años”.
En su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos, el relator señaló además que recibió información sobre cuatro nuevos desalojos ocurridos entre el cierre de su misión y la difusión del documento. Para las organizaciones, ese dato confirma que la respuesta estatal sigue ausente.
Frente a este escenario, CUC y CCDA plantearon tres exigencias. Pidieron el cese de los desalojos conforme a los compromisos asumidos por Guatemala en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reclamaron al Congreso de Guatemala y al Organismo Ejecutivo medidas urgentes para mitigar los efectos de la sequía y exigieron que el Acuerdo Agrario sea priorizado para cumplir sus compromisos en los 15 meses que restan de la actual gestión.
