La excanciller Laura Sarabia no aceptó los tres delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026. El organismo de control investiga la presunta utilización irregular de recursos públicos y el supuesto uso indebido del poder institucional en el caso de su exniñera Marelbys Meza.

Durante la vista pública adelantada ante un juez de control de garantías, el ente acusador formuló cargos contra la exfuncionaria de Gustavo Petro por las conductas de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.

Al finalizar la lectura del expediente de imputación y tras recibir la explicación formal de las opciones procesales por parte del estrado, Laura Sarabia ratificó de forma clara su determinación de no allanarse a la acusación planteada por el organismo investigador.

“Muchísimas gracias, su señoría. Sí entendí perfectamente los hechos y lo narrado en esta audiencia. Ya tengo una decisión previamente consultada con mi defensa”, dijo Sarabia en el inicio de su respuesta a la funcionaria judicial.

La Fiscalía también acusa a Sarabia de haber ejercido presión sobre Marelbys Meza para que se sometiera a la prueba de polígrafo  - crédito @laurasarabia/X

Seguidamente, la jueza de garantías procedió a tomar la declaración formal frente a la imputación formulada por el representante del Ministerio Público en la audiencia virtual: “El despacho le pregunta: ¿Acepta o no acepta los cargos que la Fiscalía General de la Nación le ha imputado por las tres conductas penales con las circunstancias de mayor y menor punibilidad para el delito de abuso de función pública y constreñimiento ilegal a título de autora y en la modalidad dolosa y para el último tipo penal, peculado por uso contenido en el artículo 398 a título de determinadora, conforme al artículo 30 del Código Penal y en la modalidad dolosa?”.

Ante el requerimiento directo de la autoridad judicial, Laura Sarabia contestó de manera tajante: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”. Lo que deja cerrada la puerta a un acuerdo con el ente judicial.

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