El Congreso de la República recibió un proyecto de ley que busca darle transparencia al valor de los tiquetes aéreos y garantizar la protección de los pasajeros frente a cobros ocultos durante la compra en Colombia.
Se trata del proyecto “Volar a precio justo”, que propone que el precio del pasaje sea claro desde el inicio de la compra, limita la sobreventa al 5% de la capacidad del vuelo, fija compensaciones automáticas de hasta 300% del valor del trayecto y abre de forma regulada y temporal el cabotaje de pasajeros a aerolíneas extranjeras en rutas nacionales.
La iniciativa es liderada por los representantes a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez, Miguel Ángel Rubio Bravo, Renso Alexander García, Ana Leidy Erazo y la senadora Isabel Cristina Zuleta. El proyecto busca responder a las tarifas fragmentadas, dar garantías a los derechos del consumidor y ampliar la competencia en el mercado aéreo.
Toro dijo que es necesario decirles a las aerolíneas ‘basta a los abusos’. También planteó que la propuesta está pensada desde la experiencia de quien compra y viaja, y no desde la lógica de las compañías y del mercado.
Precios claros y protección al pasajero
Uno de los ejes del proyecto es exigir que las tarifas se informen con claridad desde el comienzo del proceso de compra. La intención es evitar que un precio inicial termine siendo mucho mayor por la fragmentación de cobros o por tarifas adicionales que aparecen a medida que avanza la compra.
Los promotores aseguraron que “el proyecto de ley ‘Volar a precio justo’ propone mirar el problema desde el otro lado del mostrador: la persona que paga”.
Alejandro Toro explicó el efecto de esas prácticas sobre distintos viajeros:
- Para una familia que compra varios pasajes, cada cobro adicional se multiplica.
- Para quien viaja por trabajo, una sobreventa puede significar perder una reunión.
- Para quien tiene una conexión, quedarse sin silla puede alterar todo el itinerario.
“Por eso, las reglas sobre precios, información y compensaciones no son detalles menores. Son derechos del consumidor”, anotó.
Cómo cambiarían las compensaciones por sobreventa
El proyecto también plantea una regulación expresa sobre la venta de más cupos de los disponibles. La sobreventa quedaría limitada por ley a un máximo del 5% de la capacidad del vuelo. Si ocurre un caso de sobreventa, la aerolínea tendría que pagar una compensación económica automática en efectivo o por transferencia electrónica dentro de las 48 horas siguientes al incidente. El monto variaría según el tiempo de retraso para llegar al destino.
La escala propuesta fija:
- Una compensación del 30% del valor del trayecto cuando el retraso sea de hasta una hora, con un mínimo de 10 unidades de valor básico (UVB).
- Si el retraso es de entre una y tres horas, subiría al 100% del valor del trayecto, con un mínimo de 20 UVB.
- Para demoras de entre tres y cinco horas, la compensación sería del 200% del valor del trayecto, con un mínimo de 40 UVB.
- Si el retraso supera las cinco horas o no existe alternativa de transporte, la indemnización llegaría a 300 UVB, con 300% del valor del trayecto, un mínimo de 60 UVB y ese tope máximo.
El texto también indica que la normativa de la Comunidad Andina (CAN) contempla, en determinadas circunstancias, transporte alternativo y una compensación adicional mínima equivalente al 25% del valor del trayecto. La propuesta busca ampliar esa protección con una respuesta automática para el pasajero afectado.
Toro defendió ese punto con una declaración más amplia sobre competencia y protección al usuario.
“Acabamos de radicar en la Cámara de Representantes y el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Volar a precio justo’. No puede ser que hoy siga una mafia de dos o tres aerolíneas cobrando lo que les da la gana, inclusive aprovechándose en tragedias como la del terremoto”, explicó.
Explicó que “este proyecto de ley busca abrir los cielos, competencia, aerolíneas internacionales que vuelen a nivel nacional e internacional y equilibren los precios y mayor compensación a la sobreventa de vuelos. No puede ser también un negocio la sobreventa en este país y dejar a la gente en tierra sin ninguna garantía. Por eso esperamos que en el Congreso de la República nos acompañen con este proyecto”.
Apertura a aerolíneas extranjeras en rutas nacionales
Otro componente del proyecto es la apertura regulada y temporal del cabotaje aéreo de pasajeros. La iniciativa plantea modificar el Código de Comercio y la Ley 336 de 1996 para permitir que aerolíneas extranjeras presten servicio público regular en rutas dentro del territorio colombiano.
Para operar vuelos domésticos en Colombia, esas compañías tendrían que:
- Abrir una sucursal con domicilio en el país.
- Sujetarse a la normativa societaria, tributaria y de protección al consumidor.
- Contar con un certificado de operador aéreo vigente y quedar bajo vigilancia técnica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
- Cumplir la ley laboral colombiana para su personal operativo habitual en el país.
- Acreditar pólizas y garantías para cubrir reembolsos, reubicaciones y atención a pasajeros en caso de suspensión de operaciones.
El Congreso de la República deberá discutir ahora el alcance de estas medidas y escuchar los argumentos de las aerolíneas sobre el articulado. El debate quedó planteado sobre cuánto debe pagar realmente un pasajero por su viaje y qué respuesta debe recibir si la aerolínea incumple.
