El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal. El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.
Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles. El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.
La presión sobre las empresas vinculadas al proyecto ya produjo efectos concretos en el mercado. Las tres compañías de servicios petroleros más grandes del mundo —Halliburton, Baker Hughes y una tercera firma del sector— descartaron públicamente participar en Sea Lion, una señal atribuida al riesgo de quedar excluidas del mercado argentino, en particular del yacimiento Vaca Muerta. Rockhopper, en tanto, indicó en un comunicado que no espera que las medidas de Buenos Aires tengan un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
El marco normativo argentino que sustenta las sanciones combina la Ley N° 26.659 de 2011, ampliada por la Ley N° 26.915 en 2013, y el Decreto N° 868/2026, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y redujo los plazos del proceso sancionatorio. Las penalidades previstas incluyen la inhabilitación para operar en Argentina por entre cinco y veinte años. Rockhopper, de hecho, ya había sido inhabilitada por dos décadas mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda instancia de sanciones para esa compañía. A la fecha, la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos.
Pese a la dureza del tono, la Argentina reiteró en el comunicado su disposición a entablar un diálogo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en conformidad con la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
El texto cierra con una advertencia dirigida a empresas e individuos que persistan en mantener vínculos comerciales con las islas sin la autorización correspondiente: el Gobierno agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender sus derechos soberanos y exigir responsabilidades a quienes pretendan explotar los recursos naturales que considera propios.
