La denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional amplía las sanciones a empresas, accionistas y proveedores que operen sin permiso argentino. También crea un Consejo de Seguridad Nacional y establece nuevos mecanismos de protección aeroespacial y marítima.
El Gobierno de Javier Milei envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El texto, que ingresó a la Cámara de Diputados, amplía el régimen vigente, actualmente concentrado principalmente en los hidrocarburos, y lo extiende a cualquier actividad vinculada con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
La presentación se produce en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado al norte de las Malvinas por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las islas permanecen bajo administración británica y son reclamadas por Argentina.
La iniciativa deberá ahora atravesar el tratamiento parlamentario y, por lo tanto, las modificaciones y sanciones previstas todavía no se encuentran vigentes.
Penas de hasta 20 años y multas en barriles de petróleo
El proyecto establece diferentes escalas de sanciones según la actividad realizada.
Para quienes efectúen sin autorización tareas de prospección o exploración de hidrocarburos prevé penas de 12 a 15 años de prisión, además de multas equivalentes a entre 40.000 y 200.000 barriles de petróleo.
En el caso de la exploración o explotación de otros recursos naturales no renovables, las penas contempladas van de 12 a 20 años, con multas de entre 100.000 y dos millones de barriles.
La escala más elevada alcanza a la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos provenientes de yacimientos situados en las zonas comprendidas por la iniciativa: contempla entre 15 y 20 años de prisión y multas equivalentes a entre 150.000 y tres millones de barriles de petróleo.
También se prevén inhabilitaciones para realizar actividades comerciales.
También alcanza a proveedores y accionistas
Uno de los cambios centrales es que las consecuencias no quedarían limitadas a las empresas que desarrollen directamente las explotaciones.
El proyecto alcanza también a socios, accionistas, controlantes y proveedores que resulten esenciales para actividades realizadas sin autorización argentina.
Quienes proporcionen a sabiendas bienes o servicios indispensables podrían recibir penas de cinco a siete años de prisión, multas y restricciones comerciales.
El esquema contempla además la rescisión de contratos, revocación de habilitaciones, impedimentos para contratar con el Estado y otras sanciones para compañías involucradas.
Los delitos incluidos en este capítulo quedarían incorporados al régimen de juicio en ausencia, lo que permitiría avanzar con procesos penales aun cuando las personas acusadas no se encuentren a disposición de la Justicia argentina.
Una vía para abandonar las actividades
La iniciativa crea al mismo tiempo un Régimen de Desistimiento y Regularización para empresas que decidan abandonar las actividades alcanzadas por las sanciones.
Para ingresar deberán acreditar el cese de esas operaciones y comprometerse a no retomarlas.
El mecanismo contempla distintas alternativas, entre ellas el pago de multas o la reconversión de inversiones hacia actividades autorizadas dentro del territorio argentino. Bajo determinadas condiciones, la regularización podría provocar la extinción de la acción penal.
El proyecto propone además derogar la Ley 26.659, sancionada en 2011, y reemplazarla por el nuevo régimen.
Un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente
La propuesta excede el capítulo específico de Malvinas y crea un Sistema de Seguridad Nacional destinado a coordinar las áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, de inteligencia y de protección de infraestructura estratégica.
Su órgano rector sería un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica.
Ante situaciones definidas como amenazas externas graves e inminentes, el proyecto le otorga herramientas para impulsar restricciones sobre operaciones económicas y financieras, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, además del bloqueo temporal de activos.
También contempla mecanismos para elevar derechos de importación y exportación frente al Estado extranjero involucrado.
Protección aérea y marítima
Otro capítulo establece procedimientos de control aeroespacial y marítimo.
En el espacio aéreo se contemplan mecanismos para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles.
Para el ámbito marítimo se incorporan procedimientos para detener e inspeccionar embarcaciones y una secuencia de medidas que incluye advertencias y disparos de advertencia y, como último recurso dentro de los supuestos establecidos por el proyecto, acciones destinadas a inutilizar un buque.
El Ejecutivo pidió al Congreso que dé prioridad al tratamiento de la iniciativa. A partir de ahora comenzará la discusión parlamentaria sobre un proyecto que combina el endurecimiento de las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas con una reorganización más amplia de las herramientas estatales de seguridad y defensa.
La entrada Malvinas: el Gobierno envió al Congreso un proyecto con penas de hasta 20 años por explotar recursos sin autorización se publicó primero en La Jornada Web.
