La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, alertó sobre una disposición incluida, según afirmó, en el decreto de emergencia expedido tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La congresista sostuvo que el texto permitiría destinar fondos a la construcción de infraestructura penitenciaria de mayor capacidad, una medida que, a su juicio, no está relacionada de forma directa con la reconstrucción de las zonas afectadas.
En un video publicado en su cuenta de X, Pizarro describió esa posibilidad como un “gran mico” dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para responder a la catástrofe.
La legisladora planteó que los recursos excepcionales deberían tener como destino prioritario la recuperación de viviendas, instituciones educativas, hospitales y otros bienes dañados por el movimiento telúrico.
“Los recursos de la reconstrucción tienen que ser para los afectados y sus viviendas”, expresó la representante. También manifestó su respaldo a la declaratoria de emergencia, aunque pidió que el Ejecutivo precise el alcance de los gastos autorizados y los mecanismos de control sobre su ejecución.
El principal cuestionamiento de Pizarro se centra en la expresión “infraestructura penitenciaria de mayor capacidad”, incluida, de acuerdo con su denuncia, en el decreto. Para la congresista, esa redacción podría abrir la puerta a proyectos de ampliación carcelaria que no se limiten a reparar daños ocasionados por el terremoto.
“¿Serán estos los recursos para las megacárceles con el dinero de la reconstrucción?”, preguntó. La representante diferenció entre la reparación de establecimientos penitenciarios que hubieran sufrido afectaciones y la construcción de nuevas instalaciones o la ampliación de la capacidad existente.
Según expuso, si alguna cárcel resultó dañada por el sismo, el Estado debe intervenirla para restablecer sus condiciones de funcionamiento. No obstante, consideró que una obra destinada a ampliar cupos penitenciarios responde a una política estructural distinta y, por ese motivo, debería financiarse con los recursos ordinarios del presupuesto nacional.
La legisladora señaló que el presupuesto ordinario requiere debate y control del Congreso de la República, mientras que los decretos de emergencia habilitan procedimientos excepcionales para atender hechos sobrevinientes. “Dicen de mayor capacidad”, insistió al referirse al apartado que cuestionó.
La representante también manifestó preocupación por un eventual uso del Fondo de Estabilización para cubrir los gastos autorizados en el decreto. En su intervención, describió ese mecanismo como una reserva necesaria para enfrentar futuras contingencias y afirmó que su recuperación no sería inmediata.
“Es el único colchón que tiene el país para el próximo desastre”, dijo Pizarro. La congresista añadió que expertos han advertido sobre la posible llegada de un nuevo fenómeno climático, al que se refirió como “superniño”, por lo que pidió preservar los recursos disponibles para emergencias posteriores.
Pizarro sostuvo que el decreto no contiene, a su entender, suficientes detalles sobre las cifras, los montos asignados ni la forma en la que se ejecutaría el presupuesto. Esa falta de precisión, afirmó, dificulta establecer qué parte de los fondos tendría como destino la atención de los damnificados y cuál podría dirigirse a otros proyectos.
La parlamentaria reiteró que la respuesta estatal debe concentrarse en la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Entre las prioridades mencionó las viviendas de las familias damnificadas, los colegios y los hospitales que requieran obras de reparación o reemplazo.
Ante las dudas expuestas, Maria del Mar Pizarro informó que radicó una proposición para realizar un debate de control político.
El propósito, explicó, es solicitar al Gobierno Nacional explicaciones sobre los recursos previstos, las partidas disponibles y los criterios que se utilizarán para definir las obras financiadas bajo la emergencia.
La representante advirtió que incorporar asuntos estructurales en una norma excepcional podría generar riesgos jurídicos.
En particular, planteó que, si la Corte Constitucional llegara a invalidar disposiciones que no guarden relación con los daños causados por el terremoto, podrían frenarse las obras y surgir obligaciones sobre los recursos ya comprometidos. “Quienes terminaremos pagando somos todos los colombianos”, afirmó.
