A pocos días de que el Gobierno presente el Presupuesto 2027, 11 bloques de la oposición impulsaron un proyecto para declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares y establecer un piso de financiamiento progresivo durante diez años.
Diputados y diputadas de distintos bloques políticos presentaron en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares y garantizar durante la próxima década recursos destinados a la integración socio-urbana.
La iniciativa, impulsada por la Mesa Nacional de Barrios Populares junto con TECHO, Cáritas y organizaciones sociales, busca establecer un esquema de financiamiento estable y progresivo entre 2027 y 2036. Uno de los principales objetivos es evitar que los fondos destinados a estas políticas queden sujetos a las decisiones presupuestarias de cada gobierno.
El proyecto plantea establecer un piso presupuestario anual vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y dispone que los recursos asignados a la integración socio-urbana no puedan ser inferiores a los del año anterior. La cláusula también contempla el escenario de una eventual prórroga del Presupuesto nacional.
La discusión cobra especial relevancia ante la proximidad del Presupuesto 2027, que el Gobierno de Javier Milei deberá presentar el próximo 15 de septiembre.
Obras paralizadas y un desplome del financiamiento
El proyecto surge en un contexto de fuerte reducción de los recursos destinados a los barrios populares. Según los datos difundidos por la Mesa Nacional de Barrios Populares, desde el recorte del financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la ejecución de obras cayó 98% entre 2023 y 2026.
En términos nominales, los fondos ejecutados pasaron de $171.863 millones a $3.336 millones. Como consecuencia, 671 de las 1.322 obras que estaban en curso quedaron paralizadas, con impacto en barrios populares de 21 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación del FISU también forma parte de los antecedentes judiciales de la iniciativa. En mayo de 2025, un fallo suspendió el decreto que disponía su disolución y exhortó al Congreso a establecer mecanismos que garantizaran el financiamiento de las políticas de integración socio-urbana.
En este marco, el nuevo proyecto busca convertir el financiamiento en una política de Estado con previsibilidad de largo plazo.
Un acuerdo político transversal
La propuesta reúne el respaldo de 11 bloques parlamentarios y más de 140 diputados y diputadas, pertenecientes a distintos espacios políticos y representantes de diez provincias.
Entre quienes acompañan la iniciativa se encuentran Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez, Marcela Marina Pagano, Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva y Pablo Juliano.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares destacaron que se trata de un acuerdo que busca replicar el espíritu de la legislación que dio origen al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuando distintos sectores políticos confluyeron para establecer un marco legal para estas comunidades.
La apuesta, ahora, es que la integración socio-urbana deje de depender de la disponibilidad de fondos definida año a año por el Poder Ejecutivo y cuente con una previsión presupuestaria de una década.
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