La violencia contra la población civil mantiene varios focos activos en Colombia y, de acuerdo con Indepaz, las masacres volvieron a marcar una tendencia preocupante durante 2026. La entidad reportó 89 casos en lo corrido del año, un aumento del 14% frente al mismo periodo de 2025.
El panorama volvió a tomar fuerza en las últimas 48 horas con dos masacres registradas en el Valle del Cauca. Este departamento aparece nuevamente entre los territorios más afectados, en medio de las disputas que mantienen grupos armados y bandas criminales por el control de distintas zonas.
Leonardo González, director de Indepaz, explicó que detrás de estos hechos existe una confrontación territorial que termina golpeando de manera directa a las comunidades: “Sí, lastimosamente, el Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos donde la violencia, pues, se ha ensañado contra la población civil y, entre otras, por la misma disputa de territorial que tienen los grupos armados, especialmente las bandas criminales locales, como la Inmaculada, los Flacos en el norte del Valle, o grupos armados en el sur del Valle, especialmente los asociados al bloque occidental del Estado Mayor Central”.
Según el dirigente, la presencia y disputa de estas estructuras incrementan los riesgos para quienes viven en las zonas donde operan. “Esta presencia, pues, ejerce violencia, especialmente contra población civil, que son los primeros afectados por este tipo de masacres”, afirmó.
Los registros de Indepaz ubican otros puntos críticos en el mapa nacional. Catatumbo, Chocó, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Huila y Tolima figuran entre los territorios donde se concentran los hechos asociados con la violencia armada. González también llamó la atención sobre las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. A su juicio, las advertencias no están teniendo una respuesta suficiente por parte de las entidades encargadas de prevenir los hechos y proteger a las comunidades.
“Las alertas tempranas tienen al final una serie de recomendaciones a las instituciones, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a las Alcaldías, a las Personerías, al ICBF, bueno, a diferentes instituciones, y aquí lo importante es que a estas recomendaciones se les preste la mayor atención por parte del Estado, pero, lastimosamente, se han convertido las alertas en una serie de documentos que están diciendo lo que va a suceder, y luego sucede por la ausencia de la implementación de estas alertas por parte del Estado”, agregó.
El balance de Indepaz no muestra incrementos en todos los indicadores. Hasta el 7 de septiembre se habían reportado 104 homicidios de líderes sociales, frente a 142 registrados a la misma fecha de 2025. González señaló que también hubo una disminución en los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz. “A esta misma fecha, en septiembre 7 que estamos, iban 142 el año pasado, es decir, había una disminución de homicidio de líderes sociales, igual que una disminución en el homicidio de firmantes del acuerdo de paz”, indicó.
El desplazamiento forzado es otro de los indicadores que, según Indepaz, registra una reducción respecto de 2025. Durante el año anterior, la situación en Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, tuvo un impacto importante sobre las cifras nacionales de este fenómeno. A pesar de esas disminuciones, el comportamiento de las masacres mantiene la preocupación de la organización. La organización advierte que la persistencia de las disputas territoriales expone a las comunidades y exige respuesta estatal efectiva.
Ante este escenario, la organización pidió frenar las agresiones contra la población civil y garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario. También planteó la necesidad de mantener abiertas las conversaciones de paz, al considerar que los ceses al fuego y los procesos de negociación han coincidido con reducciones en algunos indicadores de violencia.
