Máximo Kirchner profundizó la interna que mantiene con el gobernador Axel Kicillof al denunciar que existe un sector del propio peronismo que trabaja en contra de una eventual candidatura de Cristina Kirchner.
“Dentro del peronismo hay un boicot a la figura de Cristina”, afirmó el diputado nacional este jueves en una entrevista radial.
Kirchner fue explícito sobre las intenciones de su sector de cara a las elecciones presidenciales de 2027: “Nosotros queremos que Cristina sea candidata en 2027”, sostuvo en una entrevista en AM750, mientras la expresidenta continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos tras la condena firme en la causa Vialidad, confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema. La defensa de Kirchner viene intentando revertir esa inhabilitación por distintas vías, entre ellas una presentación ante la ONU, con el objetivo de allanar el camino a una candidatura antes de las elecciones.
Para reforzar su planteo, el diputado apeló a la evidencia de las encuestas: “No hay encuesta que no marque la preponderancia de su figura”, dijo, y remató con una definición que apunta directamente a las resistencias internas: “Iríamos a una fusta democrática de alto calibre si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a Cristina”.
La discusión sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner expone la tensión con Kicillof, que coquetea con su propia postulación. Esta semana el gobernador bonaerense tuvo vidriera internacional con su viaje a Nueva York, luego de hablar en un acto en Avellaneda el sábado pasado, donde lanzó un mensaje al PJ: “Una alternativa no se construye desde una oficina”.
Impuesto a la fuga de capitales
Este jueves, en la misma entrevista, Kirchner sumó otro frente de discusión al presentar un proyecto para gravar la fuga de capitales al exterior. El diputado planteó una alícuota de entre 2% y 5% sobre las transferencias de ganancias obtenidas en el país hacia el exterior sin contrapartida productiva —más alta cuanto más se trate de paraísos fiscales— y calculó que, de haber estado vigente en 2025, esa herramienta le habría permitido al Estado recaudar unos US$1.900 millones, en momentos en que el propio Gobierno reclama alternativas de financiamiento.
El proyecto, según detalló Kirchner, apunta específicamente a quienes deciden “transferir sus ganancias en Argentina al exterior sin ningún tipo de contraprestación” para formar activos o ahorros afuera, y no a la tenencia o los ahorros de las personas en general. La alícuota variaría según el destino: 3% para transferencias hacia países con los que Argentina mantiene convenios de doble imposición o alta tributación, 2% para el resto de los casos, y hasta 5% cuando se trate de un paraíso fiscal. Los fondos recaudados, planteó, se destinarían a provincias, municipios, salud, discapacidad, educación, medicamentos y la atención del PAMI, y aclaró que, de aprobarse la ley, sería el propio gobierno de Milei —a través de Economía, con Luis Caputo, y de las áreas de Sandra Pettovello y Mario Lugones— el que terminaría administrando esos recursos.
Antes que del oficialismo, la propuesta recibió un cuestionamiento desde el massismo. Guillermo Michel, también diputado de Unión por la Patria y extitular de la Aduana durante la gestión de Sergio Massa en Economía, salió a plantear una mirada distinta: “Una reforma impositiva no debe tener como único eje aumentar impuestos. Es necesario simplificar el sistema y formalizar la economía para ampliar la base imponible”, escribió en X.
