El Gobierno nacional destinará más de $300.000 millones a la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia. La obra será incluida en el Presupuesto 2027 y se financiará con recursos del Estado.
El Gobierno de Javier Milei prepara una de sus mayores inversiones en infraestructura de Defensa desde el inicio de su gestión. Más de $300.000 millones para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, con un plazo de ejecución previsto hasta 2029.
El proyecto será incorporado al Presupuesto 2027 y, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Defensa, no dependerá de créditos internacionales ni de financiamiento externo. El dinero saldrá directamente de las arcas del Estado.
El dato tiene una consecuencia política concreta. La administración de Milei, que convirtió el equilibrio fiscal en el principal argumento para justificar recortes y restricciones sobre el gasto público, reconoce ahora que existe margen para comprometer una suma de esta magnitud durante los próximos tres años.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, fue explícito al respecto. “El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”, afirmó durante su visita a Ushuaia.
Una inversión que el Gobierno presenta como política de soberanía
Presti aseguró que Milei ordenó “mostrar hechos, no palabras” y avanzar con la construcción de una capacidad que, según sostuvo, lleva cuatro décadas de proyectos y anuncios sin concretarse.
El argumento oficial está vinculado directamente con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y con la necesidad de reforzar la presencia nacional en el extremo austral. La ubicación de Ushuaia también le otorga a la obra un valor estratégico por su proximidad al Atlántico Sur y a la Antártida.
El canciller Pablo Quirno insistió en que se trata de “una base argentina con sus propios recursos”. Pero al mismo tiempo admitió que la infraestructura podrá ser utilizada con fines logísticos por otros países que se dirijan hacia la Antártida.
Ese aspecto no es menor. La obra no se limita a una cuestión de infraestructura militar doméstica; se inserta en una zona donde confluyen la disputa por Malvinas, los intereses sobre el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
Por lo antedicho, la decisión merece un abordaje más integral que la celebración de una obra largamente postergada. Una base de estas características supone una definición sobre la presencia argentina en una región atravesada por intereses militares, diplomáticos y económicos de distintas potencias.
El costo de la soberanía también aparece en el Presupuesto
La administración libertaria todavía deberá traducir el anuncio en partidas concretas dentro del Presupuesto 2027.
El Gobierno sostiene que la obra es compatible con el equilibrio fiscal. Pero esa explicación no elimina la contradicción con la lógica que ha utilizado para justificar buena parte de sus decisiones económicas.
Durante la gestión de Milei, la disponibilidad de recursos estatales fue presentada reiteradamente como una cuestión de prioridades. Si el Estado no podía financiar determinada política, la respuesta oficial fue que debía recortar, eliminar programas o reducir estructuras.
Ahora, frente a una obra de más de $300.000 millones, la explicación es diferente. Los recursos existen y pueden asignarse sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
Una obra con dimensión regional
Presti y Quirno recorrieron el terreno donde se levantará la base junto con especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas. Durante la visita analizaron las características del lugar y las condiciones logísticas necesarias para ejecutar el proyecto.
La obra está prevista para concluir en 2029. En paralelo, los funcionarios mantuvieron una reunión con el gobernador fueguino Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, quienes manifestaron su disposición a colaborar con la iniciativa.
La construcción de la Base Naval Integrada puede modificar la capacidad argentina para operar en el extremo sur y facilitar su actividad logística hacia la Antártida. Pero también convierte a Ushuaia en un punto todavía más relevante dentro de una disputa geopolítica que no se reduce a Malvinas.
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