El Ministerio del Trabajo presentó al Congreso de la República un nuevo Estatuto del Trabajo que busca reunir en una sola norma las reglas sobre empleo y cumplir una obligación pendiente desde la Constitución de 1991. La iniciativa unificaria la regulación laboral, incorporar formas de empleo como el trabajo rural, doméstico, en plataformas digitales y por cuenta propia, y desarrollar el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.
Al respecto, la ministra Natalia López dijo que es la respuesta a una deuda histórica que el país arrastra desde hace más de tres décadas. Con el proyecto se insiste en expedir una norma única sobre trabajo y saldar el mandato constitucional que ordenó al Congreso desarrollar los principios mínimos fundamentales en materia laboral.
Durante la presentación, López dijo que “hoy quiero hablarles de algo que debería ser sencillo: que cualquier colombiano pueda saber cuáles son sus derechos laborales y que cualquier empresario pueda conocer con claridad las reglas para contratar y generar empleo”. También afirmó que “por eso presentamos el Estatuto del Trabajo. Con este proyecto queremos saldar una deuda histórica que Colombia tiene desde la Constitución de 1991”.
De acuerdo con lo que explicó, la regulación vigente sigue dispersa entre el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, reformas posteriores y decisiones judiciales. Señaló que ya pasaron 35 años desde el mandato constitucional sin que el país cuente con ese estatuto.
Qué plantea el Estatuto del Trabajo
El proyecto forma parte de la agenda legislativa de la iniciativa “Patria Milagro” del gobierno de Abelardo de la Espriella y apunta a estructurar un marco normativo único y comprensible para trabajadores y empleadores. La apuesta oficial consiste en compilar normas y criterios judiciales que hoy aparecen repartidos en distintos instrumentos. La medida impactaría de manera directa a diez millones de trabajadores formales.
Con exactitud, el Ministerio plantea que esa unificación dé seguridad jurídica y permita:
- Que un trabajador, un comerciante o un pequeño empresario conozcan con claridad las reglas de contratación sin depender de interpretaciones dispersas.
- Que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tengan previsibilidad para crear empleo formal.
- Reconocimiento de modalidades laborales que, según el Gobierno, no quedaron cubiertas de forma suficiente en el marco de 1950. Allí aparecen el trabajo rural, el trabajo doméstico, las plataformas digitales y de reparto, y las labores por cuenta propia e independientes.
Sobre el último punto, López afirmó que “el trabajo rural, el trabajo doméstico, las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia son realidades de millones de colombianos y de tener un reconocimiento claro”.
Añadió que el texto no surgió de manera aislada y que su elaboración incluyó diálogo con la justicia laboral. “Hemos trabajado en diálogo con la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recogiendo su experiencia y conociendo sobre la realidad laboral del país”, dijo. Según la presentación oficial, ese acompañamiento busca darle rigor técnico y reducir futuras discrepancias en la aplicación de las normas.
El contexto que expone el Ejecutivo incluye además el nivel de informalidad laboral del país. Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa se ubicó en 54,5% en el trimestre de abril a junio de 2026.
Como los demás proyectos legislativos, la iniciativa debe surtir cuatro debates obligatorios antes de convertirse en ley. Ese recorrido pasará por el Congreso de la República y coincide con otra discusión sobre normas laborales ya en curso.
Críticas por el trámite y por el alcance de la propuesta
La propuesta también provocó críticas de sectores sindicales y políticos, que cuestionan su trámite y alertan sobre un posible retroceso en derechos laborales. Las primeras reacciones se concentraron en el procedimiento seguido por el Gobierno y en el alcance del texto. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la decisión y acusó a la ministra de omitir una instancia previa de diálogo.
“Ahora vuelve y lo hace. Está obligada, desde el punto de vista legal, que todos los proyectos de ley que tienen que ver con asuntos laborales y salariales deben pasar primero por la Comisión de Concertación”, afirmó el dirigente sindical. En la misma línea, agregó: “Rechazamos esta actitud intransigente, unilateral, despótica del gobierno de Abelardo de la Espriella a través de su ministra de Trabajo”.
También dijo que la CUT se prepara para enfrentar una reforma que, a su juicio, podría afectar derechos laborales reconocidos en el periodo anterior. Su reparo principal apunta a que el proyecto no pasó primero por la Comisión de Concertación, donde participan Gobierno, empresarios y trabajadores.
Por su parte, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, analizó el anuncio como el inicio de una nueva reforma laboral. Por medio de X, advirtió que “la ministra del Trabajo anuncia que el Gobierno de Abelardo presentará una nueva reforma laboral, muy seguramente para arrebatar derechos conquistados por las y los trabajadores durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro”.
Becerra también anotó que, si la propuesta corresponde a un Estatuto del Trabajo, deberá integrarse con otro proyecto que ya avanza en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ese punto introduce una disputa adicional sobre el trámite legislativo y sobre cuál texto terminará marcando la discusión en el Congreso.
“Si lo que presentan es una propuesta de Estatuto del Trabajo, tendrá que unificarse con el proyecto que ya está en trámite en la Comisión Primera, del que soy coordinador ponente. Allí daremos la pelea. En el Congreso y en las calles defenderemos cada conquista laboral. Ni un derecho atrás”, apuntó.
Contrarreforma laboral
Por su parte, el senador Orlando de la Hoz calificó la iniciativa como una contrarreforma laboral y cuestionó la ruta escogida por el Ministerio. Afirmó que “eesconoce la ley y la Constitución. Existe una comisión de concertación laboral en Colombia donde tienen asiento gremios, sindicatos y, por supuesto, el Gobierno nacional”.
De la Hoz profundizó sus críticas con otra declaración directa contra la ministra: “¿Otra jugadita más? ¿Otra improvisación más? Muy mal, señora ministra”. También sostuvo que el trámite refleja, a su juicio, una imposición unilateral ante el Congreso y una falta de diálogo con sindicatos y gremios.
