La ministra de la Mujer, María Seminario, afirmó este viernes que los casos de violencia sexual contra menores en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) “no son un problema ni de la administración de justicia, ni de la Policía, ni del Ejecutivo”, unas declaraciones que posteriormente matizó al reconocer que pudieron generar “alguna confusión”.
La funcionaria se pronunció durante una entrevista con RPP al explicar la reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel convocada para este lunes 14 de septiembre, en la que participarán ministros, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones para abordar la violencia sexual en esa provincia amazónica.
Seminario sostuvo que se trata de un problema que se arrastra desde hace años y señaló que su sector presentará en la reunión propuestas para articular una respuesta conjunta del Estado.
En ese contexto, apuntó al Gobierno Regional de Amazonas como responsable de parte de los casos, debido a que varias de las denuncias se originaron en residencias estudiantiles en las que estaban involucrados docentes vinculados a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
“Ese no es un problema ni de la administración de justicia, ni de la Policía, ni del Ejecutivo. Y el gran ausente, como lo he manifestado en la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, es el Gobierno Regional de Amazonas”, afirmó al añadir que su sector registra 500 denuncias formalizadas y 68 sentencias relacionadas con los casos de violencia reportados.
Las declaraciones generaron críticas en redes sociales, especialmente en la plataforma X, ante lo que fue interpretado como un deslinde de responsabilidad del Ejecutivo. Posteriormente, en una segunda entrevista, la ministra rechazó esa interpretación y aseguró que el Gobierno está asumiendo un papel activo frente a la situación.
“No hay ninguna actitud de evasión. Muy por el contrario, desde el Ministerio de la Mujer estamos liderando este grupo de trabajo”, afirmó.
Seminario sostuvo que su cartera había llevado la problemática “al más alto nivel” y explicó que las propuestas que presentará el lunes buscan superar la respuesta fragmentada de las distintas instituciones estatales.
Detalló además que su portafolio había brindado patrocinio legal en 941 casos en Condorcanqui, gestionado 504 solicitudes de medidas de protección y obtenido 175 medidas de protección para mujeres víctimas de violencia en lo que va del año.
Insistió en que los gobiernos regionales también tienen responsabilidades que deben asumir y defendió una intervención coordinada entre el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía.
Asimismo, reconoció la complejidad del problema y descartó que exista una solución inmediata. Entre las medidas planteadas mencionó la capacitación y sensibilización de mujeres indígenas para que puedan desempeñarse como defensoras comunitarias y contribuir a detectar y contener situaciones de violencia.
El caso de Condorcanqui adquirió relevancia nacional tras las denuncias de violencia sexual contra estudiantes de comunidades awajún y wampis, algunas de ellas atribuidas a docentes. Organizaciones indígenas también han advertido sobre las dificultades para acceder a servicios de justicia y protección debido a las distancias geográficas, las barreras culturales y lingüísticas y la limitada presencia del Estado en las comunidades.
