Ciudad de Guatemala, 25 sep (EFE).- Una misión internacional conformada por defensores y organizaciones sociales de Europa y Guatemala denunció públicamente este viernes en la capital guatemalteca un patrón de despojo territorial, afectaciones ambientales y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios y campesinos en el norte del país centroamericano.
La delegación, integrada por representantes de la Asociación de Servicios Comunales de Salud (Asecsa), el Bufete de Abogados para Pueblos Indígenas y la organización vasca Mugarik Gabe, concluyó una visita de cinco días en la que recorrió más de 90 comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Cahabón y Canlich, ubicadas en los departamentos (provincias) de Alta y Baja Verapaz.
En una conferencia de prensa, la misión exigió al Estado garantizar la protección de las poblaciones maya Q'eqchi' y Achí frente al impacto de megaproyectos energéticos y redes corporativas transnacionales.
"Durante cinco días la misión internacional recorrió diversas comunidades indígenas y campesinas de la resistencia de la región de Alta y Baja Verapaz. Escuchamos múltiples alegaciones sobre la violación de derechos humanos", señaló Alicia López, abogada del Bufete de Pueblos Indígenas.
La delegación documentó testimonios de más de 30 autoridades ancestrales, lideresas y defensores comunitarios que expusieron la situación de vulnerabilidad en los territorios.
Según explicó Flora Pozzobon, integrante de la misión por parte de Mugarik Gabe, los hallazgos recogen problemáticas desde perspectivas antropológicas, jurídicas y sociales que evidencian conflictos agrarios estructurales.
Los observadores advirtieron sobre la mercantilización del agua, el desvío y canalización del cauce natural de los ríos, la falta de aplicación de la consulta previa e informada —establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— y la judicialización de autoridades comunitarias.
Asimismo, cuestionaron los efectos de los complejos hidroeléctricos en la región y la imposición de proyectos de bonos de carbono sin el consentimiento de las poblaciones que protegen los bosques.
Según Pozzobon, la misión trasladó los datos recolectados a instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Gobernación para demandar acciones concretas en respuesta a las demandas de las comunidades. EFE
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