La Cámara de Representantes de Misiones dio un giro formal en su política agroambiental. El Poder Legislativo provincial resolvió modificar la Ley de Bioinsumos, y dejó sin efecto la prohibición sobre la utilización y comercialización del glifosato.
Con esta resolución, el territorio misionero desactivó la restricción total que estaba prevista tras un periodo de transición de dos años y resolvió alinear sus exigencias sanitarias con los marcos regulatorios vigentes en el ámbito federal.
La iniciativa parlamentaria logró consensuar proyectos presentados por los diputados Miguel Núñez, Martín Arjol y Juan Szychowski, sumados a antecedentes que habían sido impulsados por los exlegisladores Ariel Pianesi y Gladys Cornelius.
El punto central del debate se concentró en la reforma del artículo 7 de la normativa original, cuya redacción impedía taxativamente el uso del herbicida, sus componentes activos y cualquier producto afín en los campos misioneros.
A partir de la nueva legislación, los fitosanitarios y bioinsumos podrán emplearse en esa provincia siempre que cuenten con la correspondiente aprobación de los organismos nacionales competentes —como el SENASA— y, cuando corresponda, con las certificaciones requeridas por los países de destino de las exportaciones misioneras.
En sintonía con este cambio de enfoque, el Parlamento también suprimió el artículo 8 de la ley, el cual establecía un régimen de sanciones y penalidades para quienes infringieran la veda.
Transición productiva
El fundamento principal que impulsó la revisión normativa residió en la realidad técnica del sector agropecuario y forestal.
Durante las reuniones de comisión, representantes de la producción y legisladores coincidieron en que la eliminación intempestiva del glifosato amenazaba con elevar los costos operativos, golpear los rendimientos por hectárea y restar competitividad a las economías regionales frente a provincias vecinas y países limítrofes.
La falta de sustitutos biológicos homologados y accesibles en el mercado impidió avanzar al ritmo que se había proyectado inicialmente en el año 2023.
El dictamen aprobado busca evitar la superposición de trámites y dar certidumbre jurídica a los productores.
En ese marco, la reforma sumó al ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como autoridad de aplicación conjunta con el ministerio del Agro y la Producción, garantizando la participación activa de entidades del sector agroforestal en las mesas de trabajo.
Durante el tratamiento en el recinto, los legisladores aclararon que Misiones no renuncia a la promoción de los insumos biológicos ni al cuidado del medioambiente, pero indicaron que el esquema debía ajustarse a soluciones eficaces, viables y progresivas.
En ese sentido, el diputado Núñez remarcó la importancia de compatibilizar las metas ecológicas con las condiciones reales del trabajo rural, mientras que el legislador Enio Lemes enfatizó que la transformación tecnológica de la provincia requiere acompañar el desarrollo económico sin generar perjuicios a las familias productoras.
De este modo, la provincia de Misiones archivó la caducidad obligatoria del herbicida y adoptó un esquema de transición gradual.
El nuevo escenario apuesta al desarrollo progresivo de alternativas biológicas, sujetas a la disponibilidad técnica del mercado y a las necesidades operativas de cada cadena productiva.
