Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- La oposición negocia a contrarreloj el dictamen del proyecto para aliviar la morosidad y combatir los abusos del sistema crediticio, y compite mano a mano con el oficialismo, que busca seducir a aliados con una iniciativa propia. El proyecto de La Libertad Avanza se mantiene bajo cuatro llaves y lo único que se dejó trascender es que se trabajaría sobre la base de un esquema de advertencias al usuario, educación financiera, concientización y doble autenticación. "Lo estamos haciendo con aliados", contestaron sin entrar en detalles altas fuentes del oficialismo de la comisión de Finanzas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas. El martes que viene, en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, es la fecha fijada para dictaminar según el emplazamiento votado en la sesión del 26 de agosto pasado. Al desglosar los 133 votos que avalaron el emplazamiento de comisiones en el recinto, aparece no solo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que son los bloques del staff estable de la oposición, sino también sectores afines al Gobierno como Argentina Federal (que reúne misioneros y salteños), Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y la diputada Karina Maureira de La Neuquinidad. Después de varias rondas de negociación, que incluyeron tires y aflojes, Unión por la Patria logró cerrar una propuesta internamente y la extendió a los referentes de estos bloques. Algunas de las bancadas, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no tienen vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que no serán necesarias sus firmas en la instancia del martes, pero sí serán indispensables sus votos cuando el proyecto llegue eventualmente al recinto. "Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento", confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas uno de los diputados de UxP que es autor de uno de los proyectos sobre el tema. Pablo Juliano, autor de otra de las iniciativas, es uno de los principales articuladores y negocia no solamente en nombre suyo, sino en representación de un grupo de diputados de Provincias Unidas, con llegada también a la Coalición Cívica. La negociación también alcanza a Nicolás Massot de Encuentro Federal, y Yolanda Vega y Bernardo Biella de Argentina Federal, cuyas firmas son imprescindibles si la oposición tiene la vocación de alcanzar dictamen de mayoría. Según pudo averiguar NA, el proyecto consensuado internamente en Unión por la Patria consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos. No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios. Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares. UN PROBLEMA QUE CRECE En total, unas 6 millones de personas se encuentran en situación de mora (atrasos en los pagos de deudas mayores a tres meses), un fenómeno multicausal que se relaciona con el deterioro en el nivel de ingresos, el costo creciente de la canasta de servicios y la desregulación de tasas de interés por parte del Gobierno nacional. El ratio de la morosidad se disparó a fines de 2024 y desde entonces la curva no paró de empinarse: actualmente, el 12.8% de los créditos otorgados por bancos se encuentran en situación de mora, y lo mismo ocurre con el 25% de los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas del mundo fintech. Desde el oficialismo y referentes de los bancos señalaron que el aumento del crédito es un signo positivo en un país con índices de bancarización aún deficientes como Argentina. Desde la oposición y los representantes del colectivo de deudores no cuestionan los créditos en sí, sino la finalidad de los mismos: según advierten, alrededor de dos tercios de los préstamos se destinan a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos. Y también ponen el acento en la disparada de la morosidad, en valores que no se condicen con la expansión del crédito. De hecho, entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de créditos otorgados creció un 8%, mientras que la morosidad se disparó un 80% al pasar de 3,3 a 6 millones de personas, dando cuenta de un ritmo de incremento diez veces mayor. Agencia NA