El nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó este miércoles que la captura del expresidente Evo Morales es una “prioridad” para la institución, lo que marca una diferencia con la postura de su antecesor.
Álvarez hizo la declaración durante una conferencia de prensa, al ser consultado sobre las órdenes de aprehensión vigentes contra Morales, quien está atrincherado desde hace casi dos años en el Trópico de Cochabamba, una región ubicada al centro del país donde mantiene una fuerte base política y sindical que lo custodia de manera permanente.
“Por supuesto que sí, es una prioridad para la Policía Boliviana el cumplimiento de esta orden de aprehensión y de todas aquellas que sean emanadas por la autoridad competente”, afirmó el nuevo jefe policial.
La declaración se produce después de que el anterior comandante de la Policía, Mirko Sokol, afirmara que la captura de Morales no era una prioridad de su gestión, debido a que existen más de 18.000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Sokol también cuestionó la consistencia de las pruebas en el caso por trata agravada contra el expresidente, al señalar que estas “no van muy bien” y que deberían ser “más sólidas”.
Días más tarde, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, desautorizó públicamente a Sokol y señaló que la detención del expresidente constituía una “prioridad A” del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
En medio de esa polémica y tras la difusión de audios atribuidos al jefe policial en los que se refiere a presuntos pagos millonarios para influir en la designación de altos mandos policiales, Sokol renunció al cargo este lunes y fue reemplazado por Álvarez.
Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta una orden de aprehensión por presunta trata agravada de personas relacionada con una menor de edad con quien, según la acusación de la Fiscalía, habría tenido una hija mientras ejercía la Presidencia en el año 2016.
El líder cocalero también enfrenta otra orden de aprehensión relacionada con los bloqueos de carreteras protagonizados por sus seguidores durante 53 días entre mayo y junio de este año. Las protestas provocaron interrupciones del tránsito y fuertes pérdidas económicas, además de dificultar el traslado de pacientes hacia centros de salud, según las autoridades.
El exmandatario ha sostenido reiteradamente que las acusaciones y los procesos judiciales en su contra forman parte de una persecución política. Tras conocerse la posición del nuevo jefe policial, Morales afirmó que el Gobierno busca judicializar a sus adversarios para desviar la atención de su incapacidad para resolver los problemas del país.
“Ante su incapacidad para resolver los problemas del pueblo, buscan perseguir y judicializar a sus adversarios para desviar la atención y seguir gobernando mediante la persecución”, señaló el expresidente, quien agregó que la postura de Álvarez pone en evidencia “la presión política que existe desde el Gobierno de Paz y su megacoalición sometida a los intereses de Estados Unidos”.
La situación de Morales se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno de Paz y el expresidente, quien mantiene el liderazgo de las organizaciones sindicales de cocaleros del Trópico de Cochabamba.
A más de dos años de la emisión de la primera orden de aprehensión, no se ha informado de ningún operativo concreto para ejecutarla. Durante el proceso, Morales fue convocado a declarar ante la Justicia, pero su inasistencia derivó en la imposición de un arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y su declaración en rebeldía.
