La organización Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) encabezó este jueves una rueda de prensa en Los Ángeles para exigir que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su siglas en inglés) publique una decisión clara sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños.
La entidad sostuvo que la falta de una postura oficial prolonga la incertidumbre para miles de familias, trabajadores y empleadores: “Nadie merece vivir con tanta incertidumbre”.
DHS publicó el miércoles una nota donde aclara que mantiene la protección y autorización laboral de los beneficiarios salvadoreños hasta un nuevo aviso. Aunque para CARECEN, esa comunicación no despeja las dudas de la comunidad.
“Las familias salvadoreñas merecen algo mejor”, afirmó la directora ejecutiva de CARECEN, Martha Arévalo. “Lo que tenemos es otra espera y un limbo renovado para las familias”, sostuvo. También pidió a la administración del presidente Donald Trump que adopte una decisión “inmediata, transparente y legalmente suficiente”.
Una solución definitiva
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participó de la conferencia y manifestó su respaldo a la comunidad salvadoreña. “Estoy orgullosa de estar aquí para expresar mi solidaridad”, dijo.
Bass afirmó que la posible finalización de la protección afectaría a miles de personas que, según dijo, han contribuido a la economía y a la vida social de la ciudad. La alcaldesa sostuvo que la diversidad constituye una fortaleza de Los Ángeles y llamó al Congreso estadounidense a garantizar la continuidad del programa.
“Vamos a luchar”, expresó la funcionaria. Además, recordó que durante su etapa como legisladora federal vio amenazas contra el TPS de otras comunidades y sostuvo que las movilizaciones y acciones políticas permitieron obtener extensiones en esos casos.
Por su parte, la abogada Emi MacLean, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California (ACLU), explicó que forma parte del equipo legal que representa a la Alianza Nacional del TPS junto con la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y el Centro de Derecho Migratorio de la Universidad de California en Los Ángeles.
“Los titulares salvadoreños del TPS han pasado décadas construyendo sus vidas, criando a sus familias, trabajando y contribuyendo a este país”, afirmó MacLean. A su juicio, una eventual cancelación no debería sumir “de la noche a la mañana” en el caos a trabajadores, familias y empleadores.
A su vez, la jurista recomendó a los titulares del TPS buscar asesoramiento con entidades legales de confianza, preparar un plan familiar y reunir documentación ante la posibilidad de una definición del DHS.
La activista salvadoreña Lorena Zepeda, integrante de la Alianza Nacional del TPS, relató que lleva más de 30 años en Estados Unidos. “Soy madre y quiero estar aquí con mi familia y con mi comunidad”, expresó. Según indicó, los beneficiarios del programa trabajan en sectores como jardinería, plomería, pintura, electricidad, mecánica y limpieza.
Por su parte, Carlos Vaquerano, director ejecutivo de la Clínica Monseñor Romero, advirtió que la incertidumbre migratoria también impacta en la salud de las familias. “La preocupación enferma”, afirmó, al mencionar cuadros de presión arterial, depresión, diabetes y asma.
