Luego de que el pasado 26 de agosto de 2026 el Congreso de la Unión recibiera la reforma en materia ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, organizaciones exigen parlamento abierto para la discusión de dicha iniciativa.
Organizaciones ven relevante actualización en materia ambiental
A través de un comunicado, alrededor de 70 organizaciones y colectivos de la sociedad civil hicieron un llamado para que el debate parlamentario sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) los incluya, tras 30 años sin mover ni una coma en esta legislación.
Señalaron que dicho marco jurídico es “uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho humano de todas las personas a un medio ambiente sano”, teniendo un mayor impacto en rubros como:
- Protección de los ecosistemas y la biodiversidad
- Ordenamiento del territorio
- Prevención y control de la contaminación
- Evaluación ambiental y la participación social
Tras más de casi siete administraciones federales sin modificar estos lineamientos, destacan la relevancia de su actualización, ya que México se enfrenta a desafíos que hace treinta años no existían, o, en su caso, no tenían la “misma dimensión al tiempo de que se ha avanzado en la construcción y aplicación del derecho ambiental internacional”.
Exigen no aprobar reforma “a prisa”
Debido a que ha sido calificada como una reforma prioritaria, los firmantes consideran que el Congreso de la Unión no debe aprobarla a “prisa, sino por un verdadero compromiso de actualizar la ley marco del sector ambiental”.
Explicaron que la “historia les da la razón”, ya que durante la reforma que se realizó en 1996, se dedicaron casi 18 meses para su discusión y construcción, lo que permitió “incorporar distintas perspectivas y fortalecer el marco jurídico ambiental”, por lo que ven una “oportunidad igualmente trascendente” para construir de manera colectiva el nuevo marco ambiental.
Advierten que su posicionamiento no se enfoca en “frenar una reforma”, sino “hacerla bien”, dando apertura a escuchar la postura de diversos sectores que han “contribuido a la construcción del derecho ambiental mexicano”.
¿Qué solicitan las organizaciones al Congreso?
La propuesta realizada por organizaciones y colectivos se enfoca en permitir la identificación de coincidencias, la advertencia y evaluación de riesgos e impactos, así como la recuperación de buenas prácticas, desde una legitimidad social.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Convocatoria a un Parlamento Abierto integral. Solicitan abrir un proceso de Parlamento Abierto amplio y con contenido real sobre la reforma a la LGEEPA, antes de que la iniciativa se dictamine y se someta a votación.
- Tiempos adecuados para la discusión. El ejercicio debe contar con plazos suficientes para un análisis riguroso. La premura legislativa no debe usarse como pretexto para acortar la revisión de una ley con este nivel de impacto.
- Participación plural de actores- Debe asegurarse la presencia de organizaciones civiles, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, académicos, especialistas, sectores productivos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y cualquier otro actor con interés legítimo en el tema.
- Publicación oportuna de documentos. Las iniciativas, diagnósticos, estudios, propuestas de modificación y cualquier otro material relevante deben difundirse con anticipación, para que quienes participen puedan formarse un criterio informado antes de opinar.
- Mesas de trabajo y espacios deliberativos. El Parlamento Abierto debe incluir mesas temáticas donde exista intercambio real de argumentos, no limitarse a sesiones donde solo se expongan posturas sin diálogo.
- Transparencia sobre las propuestas recibidas. Debe informarse públicamente qué propuestas se presentaron, cuáles fueron retomadas en el proceso legislativo y, en caso de descartarse otras, explicar los motivos de esa decisión.
- Principio de no regresión ambiental. La reforma debe guiarse por el fortalecimiento, nunca el retroceso, de la protección ambiental y de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad.
Detallaron que el proceso para aprobar esta legislación requerirá “tiempo, diálogo, conocimiento y participación”, ya que la definición de estas reglas tendrán repercusiones en el “patrimonio natural”.
Entre los firmantes se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), el Consejo Cívico de Instituciones, A.C. (CCI Laguna), el Fondo Acción Solidaria, A C, entre otras organizaciones que suman casi 70 firmantes.
La iniciativa en materia ambiental fue turnada a la Cámara de Diputados
El pasado 28 de agosto, la presidenta de México envió a la Comisión Permanente la reforma para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental, luego de darla a conocer durante su conferencia mañanera.
A través de un mensaje en X (antes Twitter), Laura Itzel Castillo Juárez dio a conocer la recepción de la reforma, por lo que fue turnada a la Cámara de Diputados para el análisis correspondiente.
El documento llegó al Congreso de la Unión a través de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual ya fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se turnó para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Sheinbaum busca fortalecer capacidad del Estado mexicano en materia ambiental
El pasado 26 de agosto, desde Palacio Nacional la presidenta firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. El documento actualiza una legislación vigente desde 1988 y será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
“Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”, puntualizó Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la ley da certeza jurídica a comunidades e inversiones, integra conocimiento científico con saberes ancestrales y refuerza la prevención con participación ciudadana. La iniciativa se sostiene en 10 principios, entre ellos que no puede haber justicia social sin justicia ambiental y que es necesario prevenir antes que reparar.
