La Haya, 25 sep (EFE).- El Gobierno neerlandés anunció este viernes un nuevo proyecto de ley para legalizar la resomación, un método conocido también como hidrólisis alcalina o "cremación con agua", que utiliza una solución líquida para descomponer el cuerpo de una persona fallecida y que se incorporará como alternativa al entierro y la cremación tradicionales.
El ministro neerlandés del Interior, Pieter Heerma, remitió este viernes al Consejo de Estado el proyecto de Ley sobre el Destino de los Cuerpos de las Personas Fallecidas, que sustituirá a la actual y ampliará las opciones disponibles tras la muerte.
"Es importante que tratemos los cuerpos de las personas fallecidas de manera digna y respetuosa y que, en la medida de lo posible, tengamos en cuenta los deseos de la persona fallecida", señaló.
La principal novedad es la incorporación de la resomación, un procedimiento en el que "el cuerpo se disuelve en un líquido alcalino", explicó el Ejecutivo.
La técnica, denominada científicamente hidrólisis alcalina, usa agua y una sustancia alcalina para acelerar la descomposición de los tejidos, y al finalizar el proceso, permanecen los huesos, que pueden ser pulverizados y entregados a los familiares de forma similar a las cenizas de una cremación convencional.
La resomación no está permitida actualmente para seres humanos en Países Bajos, donde la legislación reconoce el entierro, la cremación y la puesta a disposición de la ciencia para investigación o enseñanza.
El Consejo de Salud de Países Bajos emitió en 2020 un dictamen favorable sobre la hidrólisis alcalina y el Ejecutivo incluyó después esta práctica en sus planes para modernizar la legislación funeraria.
La reforma fue sometida a consulta pública en 2024 y su tramitación sufrió retrasos, entre otros motivos por cuestiones relacionadas con su financiación.
El proyecto también permitirá que dos personas fallecidas sean enterradas o cremadas juntas en un mismo ataúd, una posibilidad que se extenderá a la resomación.
Asimismo, se podrá introducir una urna con cenizas en el ataúd de otra persona en el momento de su entierro y se simplificará el procedimiento para autorizar sepulturas las primeras 24 horas después de la muerte.
En la actualidad, la norma general establece que una persona no puede ser enterrada o incinerada antes de que transcurran 36 horas desde su fallecimiento, aunque existen excepciones que requieren autorización.
El Ejecutivo justificó la reforma en la necesidad de adaptar una legislación que considera obsoleta y ofrecer mayor margen para respetar las preferencias personales, en un país donde fallecen unas 170.000 personas cada año.
El proyecto ha sido enviado al Consejo de Estado, máximo órgano asesor del Gobierno en materia legislativa, que deberá emitir su dictamen antes de que la iniciativa pueda continuar su tramitación parlamentaria. EFE
