Un grupo delictivo organizado detenta el poder desde 1959 en Cuba, desde 1999 en Venezuela, desde 2003 en Bolivia y desde 2007 en su segundo tiempo en Nicaragua. Empezó llamándose castrismo y se internacionalizó como Socialismo del Siglo XXI, castrochavismo o izquierda latinoamericana. No habrá terminación de estas dictaduras sin cesar sus normas que violan derechos humanos, impiden la libertad y el desarrollo de los pueblos, “leyes infames” impuestas para la opresión, el terrorismo de Estado y la impunidad.
Ley infame es la “norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Una ley infame es en verdad una no ley, porque el concepto básico de ley es el de un “precepto dictado por autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.
Toda la fundamentación filosófica, ética, moral y jurídica de la ley, cuestiona la naturaleza misma de la norma cuando esta no busca la justicia y el bien común. Las leyes infames o del sistema del socialismo del siglo 21 impuestas en Cuba con los Castro y Diaz Canel, Venezuela con Chavez y Maduro, Bolivia con Morales y Arce, Nicaragua con Ortega y Murillo, Ecuador con Correa, son instrumentos que violentan la posibilidad de justicia y que solo favorecen la opresión y el régimen de terror, institucionalizando la concentración de poder y la desigualdad.
Las denominadas constituciones políticas impuestas, suplantadas, reformadas o de cualquier forma establecidas por el socialismo del siglo 21 son estatutos dictatoriales que hacen desaparecer los elementos esenciales de la democracia: violan la libertad y los derechos humanos; desnaturalizan el estado de derecho, extinguen la separación e in dependencia de los órganos del poder público, impiden la libre organización social y política; y en lugar de lecciones libres crean un sistema de dictadura electoralista con fraude institucionalizado en el que el pueblo vota pero no elige.
Los derechos humanos en las Américas son derechos fundamentales porque la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José es un instrumento obligatorio que en su contenido establece derechos abiertamente violados por las normativas fundamentales del socialismo del siglo 21, como el caso de la irretroactividad de la ley, desconocida luego de ser proclamada con el agregado de excepciones con las que aprueban leyes especiales para aplicar la retroactividad.
Los derechos humanos relativos a la libertad y seguridad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la libertad de pensamiento y de expresión están meticulosamente violados. La propiedad privada es un derecho humano y su vulneración en el sistema dictatorial es generalizada con normas que permiten confiscaciones, sanciones, expropiaciones injustificadas y todo tipo de usurpaciones.
El sufragio universal o voto universal -que es un elemento esencial de la democracia- fundado en la igualdad de todos los ciudadanos bajo la premisa de un ciudadano un voto, está liquidado por la mayoría de las constituciones castrochavistas que siguiendo modelos fascistas dan representación sectorial, funcional o preferencial con diversos pretextos.
En el ámbito de las inversiones nacionales o extranjeras los textos constitucionales del castrochavismo son mecanismos abiertos a la manipulación, a la concentración del poder, a la corrupción y a la inseguridad jurídica. Los códigos y leyes principales siguen principios de autoritarismo, inversión de principios jurídicos universales, ruptura de la igualdad jurídica y del debido proceso con la consecuencia generalizada de la “situación de indefensión”.
Tipos delictivos atroces, con penas gravísimas configuran el uso del sistema penal y administrativo plagado de leyes infames para asegurar el “terrorismo de Estado judicializado”. Un ejemplo es el tipo delictivo de “peligrosidad pre delictiva”, la “regulación” en Cuba y el uso discrecional de “medidas cautelares” con fiscales sicarios y jueces infames en todos los países sometidos.
Manipulando conceptos como soberanía, justicia social e incluso antimperialismo, han perpetrado instrumentos delictivos bajo el título de leyes, decretos y reglamentos que han hecho desparecer cualquier forma de seguridad jurídica para la persona, la familia, la propiedad o cualquier tipo de iniciativa, haciendo del ciudadano un vasallo y hasta un esclavo como el caso del tráfico laboral de médicos y otros que realiza Cuba internacionalmente.
Especial análisis merecen las leyes antinarcóticos y antiterroristas, pues como en el caso de Bolivia reemplazaron normas -que eran base de una exitosa política de Estado- por disposiciones permisivas que dan impunidad y sostienen el narcoestado.
Sin cesar las leyes infames las dictaduras no terminan y los delincuentes podrán perder el gobierno pero seguirán teniendo el poder con impunidad.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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