En medio de la investigación para establecer cómo el bebé de 28 días internado con riesgo de vida ingirió cocaína, la Justicia de Córdoba ordenó peritar una mamadera secuestrada en una vivienda de Balnearia para establecer si esta contenía rastros de la sustancia. Tampoco se descarta que hubiera sido transmitida vía lactancia.
El recipiente fue enviado al área de Química Legal, en donde le realizarán las pericias correspondientes. Mientras tanto, la Fiscalía intenta determinar si tuvo relación con el resultado de los estudios médicos que detectaron los estupefacientes en el recién nacido.
Por el momento, el fiscal de Morteros, Francisco Paygés, indicó que todavía no se pudo establecer cuál fue la vía por la que la cocaína llegó al cuerpo del niño. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de transmisión a través de la lactancia materna, aunque los investigadores no descartan otras alternativas.
Según explicó el funcionario judicial, la madre había negado inicialmente que amamantara al bebé. Sin embargo, documentación incorporada al expediente señalaría que sí lo hacía. Por este motivo, la pesquisa sostiene que el niño recibía leche materna y alimentación con mamadera.
Por otro lado, la causa también busca reconstruir en qué circunstancias y en qué momento el bebé sufrió las lesiones por las que permanece hospitalizado. Según la información publicada por El Liberal, el recién nacido presentaba fracturas de cráneo y de un omóplato.
De acuerdo con la evaluación de un médico forense, las heridas no habrían sido provocadas al mismo tiempo. A raíz de esto, el fiscal Paygés detalló que algunas serían recientes y otras tendrían una antigüedad mínima de 48 horas.
A partir de ese dato, se analiza la posible responsabilidad de cada uno de los adultos que estaba a cargo del bebé. Para avanzar con esa línea, la Fiscalía solicitó la historia clínica del niño, los antecedentes del embarazo de la madre y la intervención del cuerpo forense del Poder Judicial de San Francisco.
El niño había ingresado inicialmente a un centro de salud de Balnearia con un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Luego fue derivado a San Francisco y, ante la complejidad de su condición, trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde recibió atención especializada, incluso por complicaciones vinculadas con la visión.
En declaraciones a Telenoche, el médico Carlos Sabagh señaló que el niño no presentó signos de abstinencia al nacer, un dato que los especialistas consideran relevante para reconstruir las circunstancias del caso. Además, explicó que la exposición oral a cocaína puede ser riesgosa en recién nacidos por sus posibles efectos sobre el sistema respiratorio.
Por su parte, el pediatra neonatólogo Luis Ahumada precisó que la cianosis, uno de los síntomas que motivó la internación, se vincula con una alteración en la oxigenación de la sangre. Puede expresarse mediante una coloración azulada en la piel, los labios o la lengua, y asociarse con afecciones respiratorias o cardíacas.
Según Ahumada, la detección de cocaína en un recién nacido puede responder a diferentes situaciones que deberán ser analizadas por los equipos médicos y judiciales. Entre las hipótesis mencionó el consumo durante el embarazo, la transmisión a través de la leche materna y una eventual exposición accidental o intencional.
Respecto a las fracturas, Ahumada indicó que existen enfermedades genéticas capaces de provocar fragilidad ósea. No obstante, advirtió que algunas lesiones pueden presentar rasgos compatibles con un hecho intencional. La definición dependerá de peritajes especializados y de la revisión de la historia clínica.
Por el caso permanecen detenidos la madre del recién nacido, de 26 años, y su pareja, de 33. Ambos están imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. Mientras se busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y qué responsabilidad tuvo cada uno, el fiscal advirtió que la acusación podría cambiar o agravarse de acuerdo con las nuevas pruebas y la evolución clínica del niño.
La mujer tiene además dos hijos de 10 y 12 años. Los menores quedaron bajo resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional y al cuidado de una abuela. Frente a este panorama, la Justicia dispuso medidas de protección y analiza si ambos pudieron haber atravesado situaciones de violencia en el entorno familiar.
