El Poder Judicial confirmó la prolongación de la prisión preventiva contra la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta, investigada junto al conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín.
Así lo decidió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al desestimar el recurso de apelación de la defensa, así como el del Ministerio Público, y ratificó los 15 meses adicionales de encierro dictados.
Así, Peralta Santur permanecerá detenida, situación en la que se encuentra desde el 4 de diciembre de 2024, cuando se puso a disposición de las autoridades tras la resolución que le impuso 18 meses de prisión preventiva iniciales.
Según la imputación fiscal, en mayo de 2020 habría invocado influencias ante Javier Miu Lei, dueño de la minera Las Lomas Doradas SAC, y ofreció interceder ante el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas para lograr la devolución de cinco barras de oro incautadas a la empresa. A cambio, habría aceptado una ventaja económica dineraria.
Rechazan argumentos de Elizabeth Peralta
La defensa de Peralta Santur alegó que la etapa intermedia del proceso (control de acusación) no constituye por sí misma una “especial dificultad” que justifique prolongar la medida, y que los más de 400 elementos de convicción reunidos parte de un caso ya declarado complejo desde el inicio. También sostuvo que no existe peligro procesal actual, pues el riesgo de fuga fue descartado por el propio juzgado de primera instancia, y que la investigación preparatoria ya concluyó.
La defensa de Peralta añadió que se habrían vulnerado los principios de necesidad y proporcionalidad al no evaluarse una medida alternativa menos gravosa por el, dicen, delicado estado de salud de la suspendida fiscal. Por último, denunció que el juzgado omitió pronunciarse sobre presuntos “tiempos muertos” e inacción fiscal durante la investigación.
La Sala Penal Suprema respondió que la cifra de elementos de convicción se incrementó respecto de la etapa inicial como consecuencia de la investigación preparatoria, lo que sí configura una dificultad extraordinaria para la etapa intermedia. “No se aprecia que existan tiempos muertos durante ocho meses como lo plantea la defensa de la recurrente”, señaló el tribunal.
Sobre la salud de la investigada, el tribunal dijo que, según un peritaje médico legista previo, las comorbilidades no ponen en riesgo su vida y pueden tratarse en el centro penitenciario. El tribunal concluyó que no existe otro medio alternativo que garantice los fines del proceso, dada la complejidad del caso y el riesgo latente de obstaculización.
Fallida apelación de la Fiscalía
El Ministerio Público, por su parte, apeló el extremo que fijó quince de los 18 meses solicitados originalmente. Argumentó que el Juzgado Supremo omitió motivar por qué no otorgó el plazo completo requerido en su pedido de prolongación.
La Sala consideró que la Fiscalía no fundamentó las razones por las cuales debían ampliarse los tres meses restantes, y que sus argumentos se limitaron a repetir lo ya sustentado en el requerimiento inicial.
Así las cosas, el tribunal declaró infundados ambos recursos y confirmó la prolongación de la prisión preventiva por 15 meses contra Elizabeth Peralta.
