La Policía Nacional del Perú emitió una aclaración sobre una intervención ejecutada en un establecimiento comercial del Cercado de Lima, luego de que un video difundido en redes sociales generara cuestionamientos sobre la actuación de los efectivos que participaron en el operativo.
El caso corresponde a una diligencia realizada el 7 de agosto de 2026 en la tienda Optimus Enterprise, ubicada en el jirón Placa N.° 162. La intervención estuvo a cargo de personal policial especializado en investigación de delitos aduaneros y tributarios, según la información oficial difundida por la institución.
La PNP precisó que el procedimiento estuvo relacionado con la venta de teléfonos celulares Apple, cargadores y otros productos tecnológicos de procedencia extranjera. De acuerdo con la versión institucional, durante la diligencia se solicitó la documentación que permitiera acreditar el ingreso legal de dichos bienes al país.
La controversia tomó relevancia después de una denuncia en la que un empresario cuestionó el procedimiento y sostuvo que algunos bienes fueron retirados de su local. El medio también informó sobre el reclamo relacionado con dos teléfonos celulares personales y la ubicación posterior de uno de estos dispositivos.
PNP detalla el procedimiento realizado en el local
Según la Policía Nacional, durante la inspección los agentes encontraron teléfonos celulares de la marca Apple, cargadores y otros artículos tecnológicos de procedencia extranjera. La persona intervenida recibió un plazo para presentar documentos que acreditaran el ingreso regular de los productos al territorio nacional.
La institución sostuvo que, dentro del plazo otorgado, no se presentó documentación de sustento ante el personal policial. A partir de esta situación, los efectivos comunicaron el caso al representante del Ministerio Público para que procediera dentro de sus atribuciones.
Los productos intervenidos fueron incautados e internados en los almacenes de SUNAT-Aduanas. La PNP indicó que esta medida se realizó bajo las disposiciones de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y que los documentos correspondientes forman parte de las diligencias efectuadas.
Empresario cuestionó el retiro de algunos bienes
La denuncia presentó una versión distinta sobre el desarrollo del operativo. El empresario Luis Herrera sostuvo que efectivos de una unidad especializada ingresaron inicialmente a su establecimiento como supuestos compradores y luego ejecutaron la intervención.
El empresario cuestionó el retiro de distintos artículos del establecimiento y afirmó que dos teléfonos celulares fueron tomados desde su escritorio. También señaló que uno de esos equipos correspondía a un dispositivo personal.
El empresario sostuvo además que, cinco días después del operativo, utilizó una aplicación de localización y observó uno de sus teléfonos en un punto del distrito del Rímac. Este señalamiento formó parte de los cuestionamientos expuestos en la denuncia pública sobre el destino de los bienes retirados del local.
Policía sostiene que el procedimiento cuenta con respaldo documental
Frente a las acusaciones difundidas mediante el video, la PNP señaló que las afirmaciones formuladas contra los agentes no coinciden con los actuados documentados durante la intervención.
La institución precisó que el informe elaborado sobre el caso establece que la diligencia se desarrolló dentro del marco normativo vigente y con respeto de los derechos de la persona intervenida. También indicó que existió comunicación con el Ministerio Público durante el procedimiento.
La respuesta policial coloca como sustento de su actuación las actas y demás documentos incorporados a las diligencias, además del internamiento de los productos en los almacenes de SUNAT-Aduanas.
Inspectoría revisará los hechos difundidos
La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú tomó conocimiento de las imágenes y cuestionamientos difundidos en redes sociales. Según la PNP, ese órgano iniciará las acciones de control e investigación que correspondan dentro de sus competencias.
La revisión permitirá determinar los aspectos vinculados con la actuación del personal policial y el desarrollo de la diligencia cuestionada. La institución indicó que estas acciones buscan garantizar la transparencia y el respeto del debido procedimiento.
El caso reúne así dos elementos diferenciados: por un lado, la versión oficial de la PNP sobre una intervención vinculada con productos de procedencia extranjera cuya documentación no fue presentada dentro del plazo otorgado; por otro, los cuestionamientos formulados públicamente por el empresario sobre el retiro y posterior ubicación de algunos bienes. La Inspectoría General quedó a cargo de las acciones de control que correspondan.
